• El secretario de Gobierno, el procurador de PRONAF y el consejero jurídico fijaron postura sobre las diligencias efectuadas por la Fiscalía Anticorrupción y CDHM
El secretario de Gobierno, Pablo Ojeda; el procurador de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia (PRONAF) del Sistema DIF Morelos, Rafael Brito Miranda; y el consejero jurídico, Samuel Sotelo Salgado, en rueda de prensa dieron a conocer postura sobre las diligencias efectuadas por la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Morelos en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM).
Pablo Ojeda, refirió que del actuar del Sistema DIF y la PRONAF, no se desprende ningún acto ilegal o que haya puesto en peligro a niñas, niños o adolescentes.
Lo anterior, luego de que un juez de control del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos, determinó como ilegales los cateos realizados por parte de la Fiscalía Anticorrupción, encabezado por Juan Salazar Núñez, señalando que violaron los derechos humanos de los adolescentes al tratarlos como delincuentes, vulnerar su privacidad y cometer abuso de autoridad.
Tras destacar que es muy claro que los titulares de la CDHM y la Fiscalía Anticorrupción han hecho de este gobierno y otros actores sus enemigos políticos, el secretario de Gobierno resaltó que hacer de las niñas, niños y adolescentes, un frente de golpeteo político resulta inadmisible, intolerable y vergonzoso.
“Con esta resolución judicial, resulta muy claro, que la Comisión y la Fiscalía Anticorrupción lejos de garantizar los derechos para los que fueron creadas, vulneran derechos de los más desprotegidos y despilfarran los muy valiosos recursos a su alcance en persecuciones políticas”, expresó.
Recordó que el abuso de autoridad y el dispendio de recursos por parte de estas instituciones se ha visualizado con desplantes y abusos en la Secretaría de Gobierno, en la Entidad Superior de Fiscalización, el Congreso del Estado, en diversas Notarías Públicas; e incluso en el Ayuntamiento de Cuernavaca.
“Como democracia y como sociedad no debemos permitir que supuestos servidores públicos procuren la justicia y el combate a la corrupción de forma parcial y acomodaticia; para muestra la determinación de hace unos días de no ejercer acción penal en contra de nueve funcionarios de la anterior administración con escandalosas acusaciones de corrupción”, acotó el encargado de la política interna.
Por su parte, Brito Miranda, explicó la relatoría de las múltiples visitas de la Comisión estatal y nacional desde el pasado mes de septiembre 2020, así como del actuar de la Fiscalía Anticorrupción durante las órdenes de cateo ocurridas el pasado 26 y 27 de febrero en el Centro de Asistencia Social para Adolescentes (CASA) y en el Sistema Integral de Adicciones Nueva Integración (SIANI).
“Las autoridades del Sistema DIF Morelos brindaron todas las facilidades a las instituciones en cada visita, procurando tutelar en todo momento el interés superior de los adolescentes y coadyuvando en el cumplimiento de las diligencias. Asimismo, a todos y cada uno de los requerimientos se les dio respuesta en tiempo y forma de manera fundada y motivada”, indicó.
Incluso dijo que a pesar de haber cooperado con dichos organismos, hubo diversas irregularidades que incumplieron con los protocolos de intervención de los adolescentes.
“Muchas de estas acciones promueven alteraciones y reacciones en los usuarios. Es importante recordar, que el Sistema DIF tiene como una de sus finalidades la procuración de los adolescentes, que en muchos casos se encuentran ahí por haber sido víctimas de algún delito y la manera de abordarlos debe ser realizada con mucho criterio, siguiendo protocolos”, dijo.
