A tan sólo unas cuantas horas de que el dictamen sobre la llamada “reforma al Poder Judicial” sea turnado al pleno del Senado de la República, donde Morena espera alcanzar la mayoría calificada para aprobarla, con 86 votos, o los necesarios, según la cantidad de sus miembros que asistan a la sesión, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), acompañada de miembros de la judicatura, presentó dos propuestas que buscan ser tomadas en cuenta.
In extremis es un vocablo latino, que se entiende en el ámbito jurisprudencial para señalar los últimos momentos de una situación comprometedora o peligrosa, en tanto locución adjetiva. Y en efecto, toda vez que las propuestas presentadas en los foros de consulta acerca de la reforma no fueron tomadas en consideración, las propuestas presentadas llegan justo antes de que la decisión en el senado pueda causar un daño de muy difícil reparaciónal sistema mexicano de impartición de justicia, a miles de personas y decenas de miles de familias que verían afectados sus derechos humanos y laborales, con la desaparición de la carrera judicial, así como a millones de mexicanas y mexicanos que serían los finalmente afectados, en lo estrictamente jurídico, lo económico -por las consecuencias que tendría- y lo político, con la desaparición completa de la división y el equilibrio de poderes, dada la consecuente concentración del poder en una sola persona y la hegemonía de un solo partido político, al servicio, también, de esa misma persona.
Después de la lectura y todos los análisis hechos al dictamen, redactado y enviado por la presidencia de la República al Congreso de la Unión, ha quedado muy claro, para propios y extraños, que la elección popular de jueces, magistrados y ministros, la eliminación de la carrera judicial, la disminución de los requisitos para ser postulado, la reducción de sueldos y la instauración de un Tribunal de Disciplina, cuyos miembros también serían electos en las urnas, no otorgan ninguna garantía ni se sustentan en algún razonamiento que permita pensar que con eso se combatirá la corrupción y se abatirán los privilegios, sino, todo lo contrario. Abre la puerta para que intereses ajenos a la impartición de justicia influyan, promuevan a sus candidatos y coopten a los que hayan llegado a la boleta por medio de la insaculación, es decir, de la suerte, en la famosa tómbola.
Si los senadores, los políticos y, en general, quienes gobiernan hoy el país tienen una verdadera voluntad democrática y republicana, comenzando por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, deberían hacer una pausa y abrir una auténtica e incluyente consulta, a partir de considerar a todo el sistema de prevención, procuración e impartición de justicia para diseñar una reforma completa y no solamente la remoción de los juzgadores que hoy les resultan incómodos y contrarios a sus intereses políticos.
Desechar las propuestas de la SCJN, con el simple argumento, tan bananero como falaz, de que el pueblo ya decidió el pasado dos de junio, sacar adelante el capricho presidencial de aprobarla a toda prisa, antes de concluir su mandato, confirmarían los peores temores para la democracia mexicana, sobre las tentaciones autoritarias que fue evidenciando López Obrador a lo largo de su gobierno y que, ahora, impondrá como legado a su sucesora, siempre que cumpla con su palabra de retirarse, de jubilarse, y no cambie después de opinión, jugando al poder tras el trono, a la diarquía o a su regreso por demanda del pueblo, bueno y sabio.
La duda surge porque no sería la primera vez que negara sus propios dichos, sino una más,de una muy, pero muy larga lista. In extremis, en los últimos instantes, así es como podríamos calificar estas últimas horas.
Y para iniciados:
Acerca del legado de Andrés Manuel, no deberían tomarse como broma o señuelo las propuestas, al interior de Morena, para que el hijo del todavía presidente, Andrés “Andy”López Beltrán, sea el próximo secretario general de su partido político. Hace poco se hablaba de Jesús Ramírez Cuevas para esa posición, pero ya no, porque se integrará al gobierno de Claudia Sheinbaum. Pensemos un poco la ruta política para Andy. Del primero de octubre de este año, justo cuando su papá deja de ser presidente, él llega al partido, hasta el último día del 2027, momento en que podría ser invitado al gabinete presidencial, también teniendo, por si acaso, fuero, como diputado federal, y para las elecciones del 2030, podríamos verlo contender contra Luis Donaldo Colosio Riojas. Muy futurista esta especulación, pero… ¿y si sucede? Ya veremos en unos días si Andy se inscribe o no. Y si lo hace, ya no me parecería nada descabellada la posibilidad.
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