En audiencia de reposición derivada una resolución de alzada, la Fiscalía Anticorrupción volvió a imputar a Topiltzin “N” exsecretario de Desarrollo Sustentable de Morelos, José Iván “N” exsubsecretario de Gestión Ambiental Sustentable y Noé “N” exdirector General de Gestión Ambiental por el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público.
Lo anterior, por presuntamente pagar más de 14.5 millones de pesos por una planta valorizadora de residuos ubicada en el municipio de Tlaltizapán, la cual, no fue operada de forma correcta y tampoco recibió el mantenimiento necesario, por lo que ahora se encuentra inservible.
De acuerdo a la carpeta de investigación FECC/140/2020-03, presumiblemente, los imputados recibieron la planta de valorización para operarla por dicha dependencia o a través de concesión y mantenerla a niveles óptimos de funcionamiento, lo que no sucedió, ya que la empresa que la operó no tenía la capacidad técnica ni certificación para hacerlo apegándose a los manuales y protocolos de funcionamiento, y tampoco dio mantenimiento preventivo, lo que ocasionó daños severos, dejándola inservible.
En la Ciudad Judicial de Jojutla, el agente del Ministerio Público imputó a los exservidores públicos, quienes presuntamente el 29 de Noviembre de 2016 firmaron la acta de entrega física y formal de una planta de valorización de residuos sólidos en el municipio de Tlaltizapán, construida por la empresa Fabricantes y Distribuidores de Materiales para la Construcción S.A de C.V (FADIM), en tanto, el 19 de octubre de 2018 hicieron una tercera visita, sin advertir las deficiencias de la misma.
De acuerdo a las investigaciones, Topiltzin “N” tuvo falta de prevención, atención y cuidado, ya que por su cargo debía conocer el estado que guardaban las plantas de valorización y no evitó que se ocasionara una grave afectación tanto al patrimonio, como a los intereses del Gobierno.
En tanto, José Iván “N” era responsable de manera directa de aplicar y evaluar los convenios, instrumentos y normativa aplicable además de tener el conocimiento pleno de que la planta no funcionaba y al no prestarle el mantenimiento adecuado sufría deterioro.
Además Noé “N” tenía como obligaciones las de ejecutar y vigilar los programas de actividades, elaborar informes de avance y desempeño de su unidad administrativa, la construcción y operación de plantas de valorización de residuos sólidos urbanos y manejo especial, pero dejó de atender sus deberes.
Es por ello que, tras recibir la denuncia, la Fiscalía Anticorrupción integró la carpeta de investigación e imputó a los exfuncionarios, cuya situación jurídica será definida por una Juez en un plazo de 144 horas.
De acuerdo con el artículo 20 constitucional, toda persona imputada, tiene derecho a «A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa».
