A un año de haber sufrido agresiones por elementos femeninos y masculinos de la Policía Morelos, la periodista Estrella Pedroza, fijó un posicionamiento en el que relata los hechos y el estancamiento de la investigación. No hay policías responsables detenidos ni sancionados.
Aquí el posicionamiento:
El 30 de septiembre de 2023, durante una cobertura en la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Morelos, fui víctima de una agresión y una flagrante violación de mis derechos humanos a manos de elementos del Mando Coordinado, en ese momento bajo el mando de José Antonio Ortiz Guarneros, entonces titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, y de Cuauhtémoc Blanco Bravo, entonces gobernador del estado y hoy diputado plurinominal en el Congreso de la Unión por Morena.
La agresión ocurrió después de que tomé tres fotografías de las instalaciones de la Fiscalía, custodiadas por más de 200 elementos estatales y de la Guardia Nacional, debido a que había recibido denuncias de vecinos y trabajadoras de la zona, quienes expresaban incomodidad y temor por la presencia de tantos elementos de seguridad. Además, alertaban sobre la prepotencia y el abuso de autoridad con los que se conducían. Incluso, una de las denuncias era por acoso de parte de un policía hacia una joven trabajadora de un hospital cercano a la Fiscalía.
Mientras me retiraba del lugar en mi auto, fui rodeada por un grupo de aproximadamente 20 policías, hombres y mujeres, algunos de ellos armados y encapuchados.
¡Como si se tratara de una peligrosa terrorista o criminal! La simple escena me aterrorizó.
En un instante, pasé de ser cuestionada por no mostrar una acreditación de prensa —aunque me identifiqué todo el tiempo como periodista— a ser acosada y amenazada con ser detenida por el supuesto intento de homicidio de uno de los agentes, una acusación completamente infundada.
La acusación me desconcertó y desató un cúmulo de emociones: me indigné, me enojé, pero sobre todo sentí impotencia. Claramente, ellas y ellos tenían la sartén por el mango.
Me ordenaron bajar del vehículo, pero logré evitarlo mientras alertaba vía WhatsApp sobre mi posible detención. Durante esos tensos momentos, las y los policías me hostigaron, me grababan en video y forcejeaban conmigo, jalándome del brazo izquierdo y tratando de arrancar el cinturón de seguridad. En un primer momento, me arrebataron el celular, al cual me aferré y logré recuperar. También golpearon a mi perrita, que estaba en la parte trasera del auto.
Intentaba hacerlos entrar en razón, primero con la mayor calma posible, luego desesperada, y finalmente molesta. Al mismo tiempo, trataba de hacer una llamada, escribir o enviar un mensaje de voz. Moría de miedo, pero intentaba no demostrarlo. ¿Qué más podía hacer?
Finalmente, una agente logró desabrocharme el cinturón y me bajaron a la fuerza. Fui jaloneada y empujada hasta una patrulla, donde me sometieron contra las puertas laterales. Escuché a algunos elementos decir: ‘Llévatela para atrás, llévatela para atrás’, lo que me hizo entrar en pánico.
Me imaginé lo peor.
Dado que he cubierto varios casos de detenciones que han terminado en desapariciones o muertes…
Me aferré a las ventanillas para evitar ser llevada a la parte trasera del vehículo, pero recibí golpes en las costillas y toqueteos para obligarme a soltarme.
En ese momento entré en crisis y comencé a pedir ayuda, gritando que era periodista para que, al menos, las personas que pasaban registraran lo que estaba ocurriendo.
Debido a mi estado anímico, los policías se detuvieron de repente, lo que me permitió tomar un respiro y comunicarme con el coordinador de comunicación social.
Afortunadamente, un compañero periodista y director de Irradia Noticias, Teodoro Rentería, acudió a mi llamado y logró rescatarme. Posteriormente, denuncié públicamente los hechos, y tras la difusión de la noticia, un valiente y solidario ciudadano hizo llegar a la redacción un video que logró grabar con su celular, en el que se observa parte de lo ocurrido y el nivel de excesos policiales y violencia con los que fui tratada.
Es importante señalar que este ciudadano también fue hostigado, y los elementos policiales lo obligaron a borrar el video. Sin embargo, lo pudo rescatar, ya que previamente había sido enviado por WhatsApp.»
Lo que siguió fue una campaña de desprestigio en mi contra. Se difundió un fragmento de video, grabado por los mismos policías, desde páginas de Facebook y Twitter, con información descontextualizada, y se distribuyó de manera discrecional entre el gremio, desde la coordinación de comunicación social del Poder Ejecutivo.
Entonces, se desató un juicio sumario en mi contra, en el cual fui descalificada, insultada, recriminada y se puso en entredicho mi profesionalismo y ética periodística.
Es importante subrayar que esta agresión ocurrió en un estado que cuenta con Alerta de Violencia de Género desde 2015, y en el contexto de un conflicto entre el Poder Ejecutivo y la Fiscalía de Morelos por el control de la Fiscalía Anticorrupción. También es relevante aclarar que desde 2016 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la exigencia de que los periodistas acrediten su pertenencia a un medio de comunicación para poder acceder a eventos o espacios públicos para realizar su trabajo.
Ante estos hechos, presenté una denuncia en la Fiscalía General del Estado de Morelos por abuso de autoridad, agresiones físicas y psicológicas, así como por violencia digital. También interpuse una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado por la violación de mis derechos como ciudadana y periodista.
Por su parte, la Comisión Estatal de Seguridad (CES) informó que había iniciado una investigación a través del área de Asuntos Internos.
Y yo, me quedé paralizada , enfrentando crisis de ansiedad, miedo y paranoia, sintiéndome insegura. Esto me afectó profundamente y, durante varias semanas, no pude realizar mis labores.
Sin embargo, a un año y siete días de los hechos, persisten la impunidad y la falta de justicia.
La investigación en la Fiscalía General, dirigida por Uriel Carmona Gándara, fue congelada. Según información interna, «extrañamente los jefes ordenaron no mover un solo dedo en esa carpeta». A la fecha, el acceso a los detalles de mi caso sigue siendo un misterio. Nunca recibí notificación alguna por parte de la Comisión de Seguridad Pública, ni se me solicitó aportar detalles sobre la investigación, si es que alguna vez realmente comenzó.
Además, la dependencia encabezada por Ortiz Guarneros decidió reservar toda la información relacionada con la agresión que sufrí. El Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas solicitó acceso a esta información vía la plataforma de transparencia, pero la respuesta fue que se encontraba reservada, sin especificar el plazo de reserva.
Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos me informó, de manera informal, que ni la Comisión Estatal de Seguridad ni la Fiscalía Anticorrupción colaboraron en la entrega de la información requerida. Hasta la fecha, la comisión no ha emitido ninguna resolución.
Y Yo , he tenido que enfrentar cuestionamientos por parte de ciudadanos y del gremio, como: ‘¿Cuánto te dieron para quedarte callada?’ o estar bajo sospecha de que mi denuncia fue falsa, y como prueba, que no pasó nada.
Lo único que es palpable son las secuelas que se ha reflejado en mi salud.
Esta inacción constituye un claro caso de violencia institucional. Refleja el cúmulo de irregularidades y negligencias que rodean los casos de agresiones, amenazas y, en el extremo más grave, desapariciones y asesinatos de periodistas en México. Nuestro país, de acuerdo con diversos informes de la ONU sobre libertad de expresión, se ha convertido en uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo desde hace más de una década.
La indiferencia y la impunidad son el combustible que alimenta a los agresores de periodistas, permitiéndoles escalar en sus ataques. En Morelos hemos vivido esto de cerca. Cerramos el sexenio más violento con un historial de agresiones físicas y psicológicas, amenazas de muerte y secuestro, violencia digital, y campañas de desprestigio, principalmente contra mujeres periodistas. Estos ataques provienen de funcionarios de primer nivel —presidentes municipales, secretarios, directores, magistrados, diputados, y hasta grupos delictivos—, amparados por la falta de consecuencias.
Lo más grave es que este sexenio concluye con el asesinato de tres comunicadores: Samir Flores, comunicador comunitario; Manuel García, administrador de un medio digital; y Roberto Figueroa, periodista y propietario del medio «Acá en el Show».
En este contexto, aprovecho el inicio de un nuevo sexenio para solicitar a la primera gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, que actúe en congruencia con las expresiones de solidaridad que mostró el día de la agresión. Y ahora con sus facultades de mandataria, le pido que tome medidas para sancionar a los responsables, garantizar la reparación del daño, y que se me ofrezca una disculpa pública. También exhorto a que se implementen mecanismos que garanticen la no repetición de estos abusos de poder por parte de las fuerzas de seguridad en contra de las y los periodistas y comunicadores comunitarios, y de la ciudadanía en general, con una formación integral en derechos humanos y perspectiva de género.
Solicito la intervención de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para atraer y avanzar en las investigaciones correspondientes.
Hoy levanto nuevamente la voz primero para exigir justicia, defender mi buen nombre y trayectoria periodística; y que se me garantice a mi a el gremio en Morelos las condiciones para ejercer el periodismo.
También, lo hago para sentar un precedente, porque, como lo dije y lo sostengo: si esto me pasó a mí ejerciendo el periodismo, y que por fortuna tuve las herramientas y la pericia para, primero, alertar de la situación y frenar una detención arbitraria, ¿qué se puede esperar de un ciudadano común? ¿O qué pudo haber pasado con aquellas personas que denunciaron las incomodidades que les causaba la presencia excesiva de policías, si ellos hubieran sido quienes tomaran alguna fotografía?
Y por qué desde entonces hasta ahora me pregunto ¿cuántas de esas personas que han sido detenidas por alterar el orden público o agredir a un policía fueron, en realidad, víctimas de abuso de autoridad?.
Estoy convencida de que, como bien decía el gran Gabriel García Márquez, ‘ser periodista es tener el privilegio de cambiar algo todos los días.
Y quizás esta sea una oportunidad para contribuir.
Finalmente, agradezco el respaldo de las organizaciones comprometidas con la defensa de la libertad de expresión que hoy me acompañan, como Sara Mendiola por Propuesta Cívica; Pedro Cárdenas por Artículo 19; Balbina Flores por Reporteros Sin Fronteras, representada en México; Laura Castellanos por Reporteras en Guardia; Verónica Espinoza por la Red Nacional de Periodistas; Martha Roa por la Red de Mujeres Periodistas del Estado de Morelos; y María Teresa Juárez por Periodistas de Pie. También agradezco a la Asociación por la Protección de Periodistas y Personas Defensoras.
Además, agradezco la presencia de María Paula Gómez por ONU-Derechos Humanos, y a Cencos por amablemente abrirnos este espacio.
Por supuesto, agradezco a mi familia y a los colegas que me acompañan hoy, así como a las integrantes de Tecuan Radio “La voz de los guardianes de los cerros”, al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, al Frente en Defensa de Tepoztlán, al Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas y a María Luisa Villanueva, defensora de los derechos de las personas privadas de libertad.
Y a toda mi la red de apoyo que nunca me ha soltado.
