En enero de 2002, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) declaró como “zona ingobernable” al municipio morelense de Huitzilac. ¿Por qué?
El 21 del mismo mes y año escribí lo siguiente sobre el mismo tema:
“La problemática general de Huitzilac se vincula a la polarización entre grupos y la explotación indiscriminada de las dos principales actividades económicas: la tala de bosques y la extracción de tierra de monte, ambas ilegales. A pesar de la ‘regulación’ de las autoridades federales y las constantes advertencias de la Procuraduría General de la República (PGR), sigue implacable el corte clandestino de árboles. Lo anterior causó un grave daño al corredor ecológico Ajusco-Chichinautzin (decretado como área nacional protegida el 30 de noviembre de 1988), consistente en modificación del entorno por desecación, deforestación, construcción de caminos, crecimiento poblacional, erosión, abatimiento de manantiales, extracción ilegal de flora, fauna silvestre y tierra; caza furtiva, ganaderización, incendios provocados, cambios de uso del suelo, presión en el uso del mismo por los elevados precios derivados de las actividades de bienes raíces, etcétera”.
Y agregué:
“Es importante señalar la tercera actividad económica, también ilegal, y que provoca conflictos agrarios y políticos: el tráfico con predios comunales en un contexto social cuya mayoría son comuneros. Este problema empezó en 1954. Legalmente están reconocidos 8 fraccionamientos, pero en total existen 27, todos irregulares. De la venta de predios comunales se han derivado infinidad de enfrentamientos por el control de la Representación de Bienes Comunales, cuyos últimos presidentes también han usufructuado la tala clandestina, la extracción de tierra y la expedición de documentos sobre terrenos. El tráfico de constancias de posesión y demás documentos apócrifos es constante. En torno a la tala de árboles, extracción de tierra y cambio de uso del suelo por la urbanización hay graves perjuicios en Huerto de San Pedro, Monte Bello, San José de la Montaña, Guayacahuatla, Atlixtac, Coajomulco, Tres Marías, Cruz del Marques, Fierro del Toro y Huitzilac”.
Desde luego, la impunidad yacía en el fondo de la grave problemática, perdurable hasta hoy.
El 27 de marzo de 2005 escribí otra columna indicando que alrededor de 100 personas se dedicaban al saqueo de madera y por lo menos 50 a la extracción de tierra, cuyos ingresos semanales oscilaban entre cinco y 200 mil pesos. Un gigantesco negocio.
Para colmo de males, el dominio de la comunidad por determinados grupos a través de las armas siempre ha estado vinculado a hechos criminales como el tráfico de drogas, el desmantelamiento de automóviles robados y el secuestro. El tema siempre es abordado con temor y sin datos precisos, pero es un secreto a voces. Así, no es difícil entender la inseguridad prevaleciente en la carretera federal Huitzilac-Zempoala-Estado de México, muchas veces referida en las alertas de viaje de Estados Unidos.
Toda la problemática descrita en los párrafos anteriores, a juzgar por lo ocurrido recientemente, sigue implacable. Y así llegamos a este martes, cuando elementos de la Guardia Nacional catearon un predio donde localizaron varias toneladas de madera proveniente de la tala clandestina. Desde luego, se abrió un expediente e inició presuntamente la investigación a cargo de autoridades federales. Es importante subrayar, pues, que la criminalidad sigue operando en Huitzilac. Han sido décadas de impunidad, mientras la riqueza natural de la región sigue bajo el saqueo, muchas veces solapado por personeros de los tres órdenes de gobierno.
