Hoy se cumplen 10 años de la desaparición forzada de 43 jóvenes que entonces tenían entre 17 y 25 años, aunque la mayoría de ellos rondaba los 19 y 20. Todos estudiantes de laEscuela Normal Rural de Ayotzinapa, “Raúl Isidro Burgos”. Hasta la fecha, este crimen,que ha marcado la historia reciente de México, permanece sin esclarecerse y buena parte de los culpables siguen en la más absoluta impunidad.
Según los reportes y testimonios disponibles, veamos un par de ejemplos de contra quienes se perpetró esta atrocidad: El menor, José Eduardo Bartolo Tlatempa, de tan sólo 17 años,quien residía a diez minutos de su escuela, tenía ilusiones de terminar su carrera antes deformar una familia, gustaba de bailar y sus familiares lo recuerdan como un joven romántico y cariñoso. El mayor, Julio César López Patolzin, de 25, dejó escrito en uno de sus cuadernos: “Ingresé a esta universidad por la sencilla razón de que mis padres son campesinos con pocos recursos y también tengo que ser responsable académicamente… Trato de prestar mucha atención a los maestros con el propósito de ser de los mejores”.
En esta ya muy larga cronología, que puede ser consultada en las páginas electrónicas oficiales del gobierno mexicano, destaca una fecha. El 18 de agosto del 2022, cuando Alejandro Encinas, fungiendo, a la vez, como subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, con la autorización del presidente, Andrés Manuel López Obrador, informó, a manera de conclusión preliminar, que la desaparición de los 43 normalistas fue un crimen de Estado, perpetrado por la delincuencia organizada y en el que concurrieron autoridades locales y federales, aunque estas últimas señaladas únicamente por omisiones, no obstante que “… en todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento… y participación (SIC) permitieron la desaparición y ejecución, así como el homicidio de otras seis personas”.
Encinas anunció que se contaba con información suficiente para proceder penalmente contra 51 personas, diez de las mismas, funcionarios de la anterior administración, encabezada por Enrique Peña Nieto, quien no figuraba entre los indiciados ni se le atribuía ningún tipo de responsabilidad. Sin embargo, tenemos claro que el caso Ayotzinapa marcó el inicio del pronunciado declive de la popularidad tanto de Peña como de su gobierno.Descrédito que pasará a la historia.
Los que sí resultaron involucrados y con presuntas responsabilidades, además de exfuncionarios civiles, fueron miembros del Ejército mexicano contra quienes se iniciaron procedimientos penales. Y ahí fue cuando todo se torció. Las versiones oficiales y las pesquisas se fueron entorpeciendo, los procesos penales comenzaron a trabarse y, a la vuelta de dos años, como es su costumbre, desde la mañanera, López Obrador declaró, ayer, y lo puso por escrito en la carta que entregó a los familiares de los normalistas, que no existen pruebas de la participación del Ejército en estos trágicos e inaceptables hechos.
Enrique Peña, aunque no llegue a ser castigado, tampoco será el único desacreditado, pues a la despedida de López Obrador sigue sin resolverse el caso, nada más que con el agregado de que el único, digámosle “pez gordo”, que fue detenido al día siguiente de la presentación de ese informe, fue Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República, acusado de desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia, presunto creador de la cuestionada “verdad histórica”, mientras, ahora, Andrés Manuel deja como herencia maldita a la siguiente presidenta el no haber cumplido su palabra de esclarecer el crimen y proceder contra los miembros del Ejército mexicano, si se demuestra su responsabilidad, como también lo afirmó ayer.
Y para iniciados:
Quedó resuelta la conformación de las comisiones legislativas, por unanimidad de votos, en el Congreso local, la madrugada de hoy. No fue nada fácil que las diputadas y los diputados alcanzaran los acuerdos para que finalmente puedan comenzar a desahogarse los pendientes y responsabilidades, antes de que se sigan acumulando. Son muchas las comisiones, pero, sin duda, la manzana de la discordia, por ser una de las comisiones estratégicas, la de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública será presidida por la combativa diputada, Andrea Gordillo Vega, del grupo parlamentario de Acción Nacional y, como secretario, al prudente y comprometido, Alberto Sánchez Ortega, del Partido del Trabajo. Quizá no hayan quedado conformes todos, del todo. Sin embargo, una primera revisión, a reserva de dar seguimiento al desempeño de cada una y cada uno de los legisladores, apunta a que las cosas podrían caminar bien en LVI Legislatura.
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