La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, manifestó su interés de enviar al Congreso Estatal una iniciativa para reformar el sistema de pensiones y crear el Instituto de Pensiones y Jubilaciones, buscando modificar el artículo 131 de la Constitución, política para que indebida e ilegalmente topar las jubilaciones vitalicias, combatir las llamadas «pensiones doradas» pero sobre todo, con recursos ajenos tratar de asegurar la viabilidad financiera del estado. El Ejecutivo aclara que no se ha presentado formalmente ninguna iniciativa, asegura que se sostienen mesas de diálogo con los sindicatos para proteger los derechos adquiridos. Los Jubilados y pensionados deben ser convocados por igual.
No se puede controlar lo que no se planea, plantear la posibilidad de encaminar la búsqueda de soluciones integrales en un intento de saneamiento económico que den sostenibilidad de largo plazo al sistema estatal, ofrece un gran reto para la Gobernadora ya que riesgosamente al actuar en lo ilegal, podría concluir en gravedad humana al negar la posibilidad para los trabajadores morelenses de una vida de retiro digna.
El Gobierno estatal impulsa la creación de un Instituto de Pensiones. Morelos es uno de los pocos estados en la república que no cuenta con un organismo rector, controlador, regulador y autónomo especializado. Esa carencia por años ha generado problemas administrativos y presión en las finanzas públicas principalmente en los municipios, los que impunemente han caído en el delito de disminuir los niveles salariales, el no pagar lo correspondiente a los ejercicios quincenales y hasta no pagar el aguinaldo correspondiente.
El diputado Rafael Reyes, coordinador de Morena en el Congreso de Morelos, postergó la aprobación para la creación del Instituto de Pensiones y Jubilaciones en el actual periodo ordinario de sesiones, lo congruente con la legalidad sería detener la pretendida Reforma integral.
En el sistema jurídico mexicano el Artículo 14 de la Constitución, consigna que ninguna ley puede tener efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Esto protege la seguridad jurídica para que las reglas no cambien de forma arbitraria o caprichosa. Cabe señalar que el Congreso local ventajosamente aprobó el decreto federal que reforma el artículo 127 constitucional, el cual establece que ningún servidor público podrá recibir una pensión superior a la mitad del salario de la persona titular del Ejecutivo Federal, con ello se cumple una de las condiciones estatales, topar las jubilaciones vitalicias.
El gobierno federal cada vez más poderoso, menos tolerante y más autoritario; con una economía que se deteriora, finanzas públicas cada vez más endeudadas demeritando al presupuesto anual con la inserción de gastos para programas sociales y obras faraónicas improductivas y subsidios interminables a hoyos negros como Pemex; un sistema de salud que carece de suministros; y niveles de inseguridad quizá menores en algunas regiones en materia de homicidios, pero con una extorsión permanente y para colmo, en estúpido pleito con nuestro principal socio.
Todo esto en conjunto con otras costosas ocurrencias, latrocinios y grandes fraudes, han llevado por pobreza federal, a la restricción de las participaciones federales para los estados y municipios, los qué han tenido que actuar de igual manera, inventando poco más de lo creado por la federación.
Organizaciones Civiles, Sindicatos y diputados, como Tania Valentina Rodríguez Ruiz del Partido del Trabajo rechazan la idea, advirtiendo sobre el riesgo de insolvencia financiera que el gobierno estatal tenga a futuro. Argumentan que los cambios plantean un riesgo para los derechos adquiridos y prestaciones de los trabajadores, pretendiendo proteger el presupuesto del estado.
Esta situación amerita de un profundo estudio derivado de la obligación que como Patrones tienen el estado y los municipios que, por mandato de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios deben atender la valuación actuarial de sus pasivos laborales, en específico a la creación de suficiencias económicas para las pensiones, jubilaciones, primas de antigüedad e indemnizaciones legales de los trabajadores, que les garantice soluciones integrales y sostenibilidad a largo plazo a la fecha de su retiro. Esta Ley es fundamental para el ejercicio de las Haciendas Públicas de México y poco caso le hacen los atingentes gobernantes, claro porque limita en mucho los abusos que comenten indiscriminada e impunemente.
Ante esta inconformidad, la administración ha aclarado que los derechos de los empleados en activo están plenamente garantizados y se han instalado mesas de diálogo técnico con la base trabajadora y las dirigencias sindicales para asegurar el respeto a sus derechos antes de promover cualquier reforma estructural. Es aquí donde caen en el abuso al dejar sin ninguna protección y derechos a los Jubilados y Pensionados, las condiciones laborales y pensiones logradas a lo largo de los años son irrenunciables y que reducirlas violaría sus derechos humanos y laborales.
Es conveniente que el gobierno estatal no incurra en acciones retroactivas al pretender reformar a la Ley del Servicio Civil estatal y el Sistema de Pensiones de los Trabajadores. El costo electoral para MORENA será demasiado elevado, considerando un censo de todos los trabajadores que oscila en unas 40 a 50,000 personas al servicio de: el Gobierno del Estado, sus organismos entre ellos las Universidades y Tecnológicos; el Congreso Estatal, la ESAF; el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos; la Fiscalía General del Estado, el IMPEPAC, los 36 municipios y sus organismos, que en conjunto podrían representar poco más de 150 mil votos que reflexionen por la oposición al verse marginados por no decir … traicionados. Hoy habrá una manifestación de trabajadores activos y jubilados en la que expresarán su repudio a las pretensiones de la gobernadora González Saravia. Cuidado Gobernadora dice el dicho “El buen juez por su casa empieza”
Amigos, como siempre les dejo un afectuoso saludo.
