La conferencia de prensa de ayer de Ricardo Monreal Ávila fue inusual e inesperada, si se analiza en el contexto de las prácticas políticas del obradorismo, pero, a la vez, resultó un reflejo del carácter democrático y conciliador que lo ha caracterizado a lo largo de sus más de cuarenta años de carrera política, incluso cuando perteneció al Partido Revolucionario Institucional.
Las preguntas de los reporteros giraron en torno a dos temas candentes en este fin de año: las acusaciones sobre posibles actos de corrupción, iniciadas por el líder de la bancada morenista en el Senado, Adán Augusto López Hernández y, casi de inmediato y en el mismo sentido, respondidas por el exsenador, ahora diputado coordinador de Morena, así como sobre la minuta con proyecto de decreto para la reforma a la Ley del Infonavit, recién recibida y para la cual se esperaba la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones, con la única finalidad de aprobarla, en esta misma semana.
Fue inusual, porque desde la pasada Legislatura y en lo que va de la actual, Monreal Ávilano citó a los medios de comunicación para dar respuesta a las inconformidades de la oposición, ni a las revelaciones de los medios de comunicación, como tampoco a los análisis de los expertos en alguna materia que esté a debate, sino a las acusaciones directas, por un lado, de uno de los más poderosos políticos morenistas, mucho muy cercano a Andrés Manuel López Obrador, y, por otro lado, sobre el tratamiento que se daría a la iniciativa presidencial para reformar la Ley del Infonavit, que reviste una importancia estratégica para Claudia Sheinbaum Pardo, ya que permitiría a su gobierno hacer uso de alrededor de dos billones de pesos, producto del ahorro de los trabajadores.
Ambos temas parecieran caminar por sendas diferentes, pero no es así. Se engarzaron en la coyuntura. También fue inesperada, pues, Ricardo Monreal, haciendo uso de sus habilidades discursivas, se desmarcó del conflicto con Adán Augusto y planteó la postergación del análisis de la reforma para el año siguiente. A diferencia de los inicios de esta Legislatura, cuando silenciosamente retiró sus propuestas de dar tiempo suficiente para analizar las reformas constitucionales en curso, para aprobarlas a toda prisa, ahora su postura fue la de dialogar con los sectores económicos, sociales y con las bancadas opositoras. Hacer un ejercicio responsable de la labor legislativa. No posicionarse ni aprobar la minuta enviada por el Senado en Fast Track. Y se mantuvo en su dicho, sin confrontarse en la forma con la presidenta de la República, aunque de fondo es lo que está haciendo.
Los argumentos de Monreal son difícilmente rebatibles. Todo lo contrario. Evocan la seriedad, el compromiso y la responsabilidad de legislar a conciencia y no solamente por mandato de obediencia a una instrucción presidencial. Habrá reforma y muy probablemente en los términos establecidos en la minuta, pero dando una muestra, una clase, sobre el por qué fue capaz de mantener la gobernabilidad interna del Senado, durante todo el sexenio anterior, ganándose el respaldo hasta de las fracciones opositoras.
La noche de ayer sí se llevó a cabo la reunión en Palacio Nacional, a través de la función mediadora de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación. Lo que nos dejaron saber de la reunión es que Monreal ganó la primera partida. Este año no habrá periodo extraordinario. Ya, en los siguientes días y semanas, veremos si las aguas se calman y dejan en verdad de acusarse mutuamente, aunque los señalamientos de posibles actos de corrupción, entre ellos mismos, hayan dejado una huella indeleble.
Y para iniciados:
Los magistrados que salieron ayer a defender su determinación de liberar a los individuos que habían sido condenados a 70 años de prisión por la presunta comisión de un triple homicidio, puede que tengan argumentos técnica y jurídicamente válidos. Pero no convencieron a nadie. Un profundo análisis y una investigación seria quizá podría revelar si actuaron en forma correcta y en estricto apego a la legalidad. Pero eso, quién sabe si suceda. De lo que sí nos dejan convencidos, o más bien nos lo reafirman, es que la necesidad de reformas a las leyes y a los procedimientos penales urgen y mucho, así como que fueran ellos, los designados, o se tratara de magistrados y jueces electospopularmente, los resultados serían los mismos o peores si no se atiende el fondo de los problemas de la impartición de justicia en el país.
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