En el ámbito jurídico son señaladas como “vicios de origen” las imperfecciones en los procedimientos legales que alteran su esencia y, por tanto, deben ser declarados, de acuerdo con la muy amplia jurisprudencia al respecto, como nulos o inaceptables. Tal podría ser el caso del escándalo en torno a la creación y asignación de la Notaría 4 de Jiutepec, adjudicada a Alejandro Gómez Núñez.
Toda la serie de revelaciones y pesquisas que involucran desde el gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, hasta al director general del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, Eduardo Kenji Uchida García, pasando por el exsecretario de gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, el hermano del gobernador, Ulises Bravo Molina, hoy dirigente de facto de Morena en Morelos y al presidente del Colegio de Notarios en la entidad, Jesús Toledo Saavedra, quien ya fue citado a una primera audiencia, denominada incidental, a la luz de las recientes declaraciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en contra de la entrega de notarías por parte de los gobernadores a abogados cercanos a ellos, exigiendo que se termine con esas prácticas, no hacen sino despertar dudas, sospechas y especulaciones.
Al parecer, la Ley del Notariado y sus reglamentos correspondientes podrían haberse vulnerado, poniendo en entredicho la calidad moral, el profesionalismo y apego a la legalidad de los participantes en esto que se antoja como un entramado de corrupción, descuido y traiciones, luego de la difusión de un audio en el que se escucha la voz de Pablo Ojeda reclamando a Kenji Uchida, y a este último reconociendo la participación de Blanco, Bravo y Toledo en lo que más que una adjudicación da la impresión de ser una compra venta de una nueva Notaría Pública.
Más que explicaciones, como ha sido el proceder del actual gobierno, la respuesta ha sido reactiva. Formalizar y enderezar. Apenas ayer fue publicado en el órgano de difusión oficial local, “Tierra y Libertad”, el reconocimiento del Colegio de Notarios, a la sazón de que no cuenta con su reglamento, cuya tardanza hace que sea cuestionable el ejercicio de sus atribuciones, por ejemplo, haber participado en la creación de la nueva Notaría.
Si de origen los procedimientos no fueron apegados a las leyes y reglamentos, tendría que concluirse con su nulidad y revertir todo lo que se haya hecho. Pero el asunto no debería acabar ahí, sino, como dicen los juristas, incoar responsabilidades, investigar y sancionar a quienes hayan cometido ilícitos en esta enredada trama de complicidades, que podría derivar en actos de carácter penal. No se agota el tema con enderezar y formalizar, como recibió la instrucción de hacerlo el secretario de gobierno, Samuel Sotelo Salgado.
Y para iniciados
Se les cayó el negocio del reemplacamiento. Los diputados argumentaron que no lo iban a apoyar. Se trataba de 200 millones de pesos para que lo pudiera operar el secretario de Movilidad y Trasporte, Víctor Mercado Salgado, quien anda en campaña para lograr la candidatura de Morena a la gubernatura, en medio de las acusaciones que se han hecho sobre su persona en medios locales y nacionales. Los argumentos para tirarlo acabaron con la versión oficial: que tenía que hacerse por ley. Por lo pronto, no habrá reemplacamiento en el 2023, pero ya veremos si nos lo quieren volver a recetar en el año de Hidalgo… y de elecciones.
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