- Dos ex funcionarios más también fueron vinculados a proceso
- El Juez concedió cuatro meses para el cierre de la investigación
Al considerar que los datos de prueba aportados por la Fiscalía Anticorrupción acreditan la presunta comisión del delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público, un Juez determinó vincular a proceso Topiltzin «N», ex secretario de Desarrollo Sustentable, Iván «N», ex subsecretario de Gestión Ambiental Sustentable y Noé «N», ex director general de Gestión Ambiental.
Presuntamente, los ex servidores públicos entregaron sin funcionar una planta de valorización de residuos sólidos ubicada en Xochitepec.
De acuerdo a las investigaciones, los imputados no vigilaron las condiciones en que se encontraba la planta, aún sabiendo que la operación de ésta podría ser concesionada a un plazo de 30 años.
Además, no crearon los mecanismos jurídicos, de vigilancia y operatividad para que se cumpliera su finalidad, es decir, el tratamiento de los residuos sólidos.
Este miércoles 23 de marzo de 2022, en audiencia, a consideración del Juez, los peritajes, documentales y testimoniales fueron suficientes para demostrar que los ex funcionarios presuntamente dejaron de verificar las condiciones en que se encontraba la planta, esto de acuerdo con las facultades de sus encargos, y generaron un daño patrimonial por 39 millones 518 mil pesos, cifra invertida en la construcción y equipamiento de la planta de valorización de residuos sólidos.
El Juez otorgó cuatro meses para el cierre de la investigación. Quedó vigente la medida cautelar de no salir del país.
Cabe recordar que, Topiltzin «N» y José Iván «N» están vinculados por el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público, por la construcción de una planta valorizadora de residuos sólidos, ubicada en la localidad “El Zarco”, Yautepec; la cual costó más de 13 millones 800 mil pesos, pero nunca funcionó.
Topiltzin «N» también está vinculado por Ejercicio Ilícito del Servicio Público, por una planta valorizadora de residuos, ubicada en Jiutepec, por la que se pagaron 34 millones de pesos, la cual no fue terminada, ni se encuentra activa.
De acuerdo con el artículo 20 constitucional, toda persona imputada tiene derecho «A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.
