Este 1 de diciembre de 2025, el Observatorio de la Paridad y Violencia Política Morelos emitió un pronunciamiento público en el que condenó la escalada de violencia que enfrentan integrantes del cabildo del municipio indígena de Xoxocotla. La organización detalló que, en semanas recientes, la síndica Alicia Capistrán Martínez y la regidora Xitlali Mejía Huerta, junto con otras y otros cinco integrantes del cabildo, denunciaron amenazas, hostigamiento, intimidación, retención de salarios y presiones para aprobar actos administrativos que consideraron irregulares.
El Observatorio informó que las víctimas señalaron directamente al presidente municipal José Carlos Jiménez Ponciano, así como al secretario municipal y al tesorero, por presuntas presiones y represalias ejercidas después de que se negaran a avalar decisiones contrarias a los procedimientos institucionales de la comunidad. Tras denunciar estos hechos, las funcionarias relataron haber recibido incluso amenazas de desaparición, lo que incrementó de manera inmediata el nivel de riesgo.
La organización destacó que, pese a que las víctimas presentaron denuncias ante las autoridades competentes y se emitieron medidas de protección a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, estas no fueron cumplidas. Señaló que los elementos asignados únicamente acudían a registrar una firma sin brindar vigilancia ni acompañamiento real, lo que permitió el escalamiento de la violencia hasta llegar al ataque armado ocurrido el primero de diciembre de dos mil veinticinco, cuando fueron baleadas las viviendas de Alicia Capistrán Martínez y Xitlali Mejía Huerta.
El Observatorio advirtió que estos hechos representan una grave vulneración al ejercicio del cargo público, a la integridad de las funcionarias y al principio constitucional de paridad. Subrayó que la omisión de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha contribuido a mantener un contexto de impunidad que resulta inadmisible.
En su pronunciamiento, el Observatorio exigió la implementación inmediata de medidas de protección reales, oportunas y permanentes para Alicia Capistrán Martínez, Xitlali Mejía Huerta y el resto de integrantes del cabildo que han denunciado violencia. También demandó que se investigue y sancione al presidente municipal José Carlos Jiménez Ponciano, al secretario municipal y al tesorero por los actos de violencia política, amenazas y omisiones que derivaron en una agresión armada contra funcionarias en el ejercicio de su cargo.
Finalmente, el Observatorio lanzó un chamado contundente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a quien exigió ejercer de inmediato las facultades que la obligan a garantizar protección efectiva y continua, advirtiendo que cualquier daño adicional será responsabilidad directa de su negligencia institucional.
