El Observatorio de Paridad y Violencia Política Morelos exigió a las autoridades electorales, fiscalías, gobiernos y partidos políticos garantizar condiciones de seguridad para las mujeres que participarán en el proceso electoral 2026-2027, tras advertir que la violencia política en razón de género ya es un problema activo y de alto riesgo en la entidad.
Luz María López Trujillo, integrante de la Comisión Coordinadora del organismo, encabezó la lectura de un pronunciamiento en el que detalló que al menos 276 mujeres buscarán candidaturas a presidencias municipales en 23 ayuntamientos —sin contar disputas por diputaciones—, en el marco de las reglas de paridad fijadas para 12 institutos políticos.
“No se trata solo de garantizar candidaturas. Se trata de garantizar que las mujeres puedan competir, ejercer sus cargos y hacer política, libres de violencia”, sentenció la organización.
Las alertas del Observatorio se sustentan en casos activos que ya enfrentan servidoras públicas en la región:
- 23 denuncias penales por violencia política en razón de género, interpuestas por funcionarias en activo.
- 13 quejas formales registradas ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) en el último año.
- Casos fatales: El pronunciamiento recordó los homicidios de Rosa Sandra Camacho Flores, lideresa social asesinada el 26 de marzo en Temoac, y de Yolanda Millán, ayudanta municipal de Tepetzingo, atacada el 5 de agosto en Emiliano Zapata.
El organismo emitió peticiones puntuales a las distintas instancias gubernamentales y electorales del estado:
- IMPEPAC: Implementación de medidas cautelares inmediatas, aplicación estricta de la iniciativa “3 de 3 contra la violencia” y revisión minuciosa del Registro de Personas Sancionadas para frenar candidaturas de agensores sexuales, deudores alimentarios o deudores de pensión.
- Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM): Resolución de expedientes bajo perspectiva de género y con debida diligencia.
- Fiscalías (General y Delitos Electorales): Investigación y judicialización ágil de las denuncias, sin revictimización para las afectadas.
- Gobierno estatal y 36 ayuntamientos: Despliegue de esquemas de prevención y protección durante todo el calendario electoral.
- Partidos políticos: Depuración de padrones para excluir a perfiles violentadores y garantizar equidad en la asignación de recursos y espacios.
El colectivo concluyó con un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación a no normalizar la violencia en la vida pública, reiterando que la paridad de género no debe convertirse en un factor que exponga la integridad de las candidatas.
