• Por obras de reencarpetamiento que no fueron liquidadas, el Tribunal de Justicia Administrativa condena al Ayuntamiento a pagar un compromiso de pago firmado por el ex Alcalde Cuauhtémoc Blanco y por el ex Secretario del Ayuntamiento Roberto Carlos Yáñez
• El presidente municipal José Luis Urióstegui resaltó que por este acto se han iniciado acciones legales contra quien resulte responsable por la vía penal y administrativa
Por obras de pavimentación realizadas en la administración municipal 2016- 2018 que no fueron liquidadas en su momento, integrantes del Cabildo de Cuernavaca autorizaron el pago de hasta 21 millones 200 mil pesos para dar cumplimiento a la sentencia de fecha 03 de octubre del 2018, dictada dentro del juicio administrativo número TJA/3AS/366/2016 del Tribunal de Justicia Administrativa, promovido por el corporativo Constructor de Morelos S.A. de C.V.
En sesión extraordinaria de Cabildo, la síndica municipal, Verónica Atenco Pérez, aclaró que actualmente la presente administración está obligada a cumplir con una situación que no fue generada por es servidores públicos, que derivó originalmente en la condena de un pago por la cantidad de 39 millones 170 mil 820.28 pesos, que requiere hoy la atención responsable y urgente del Cabildo, al haber agotado todos los recursos procesales que han tenido a la mano para tratar de combatir estas acciones que consideran fueron de origen inadecuadas.
El director general de lo Contencioso Administrativo, Everett Julio Díaz Rosas, dio a conocer los antecedentes de esta sentencia, destacando que tiene su base en un convenio de reconocimiento de deuda y compromiso de pago de fecha 15 de julio del 2016 que fue suscrito por quien era el presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo; por el secretario del Ayuntamiento, Roberto Carlos Yáñez Moreno; y por el secretario de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios, Jorge Humberto Sánchez Becerril, para efectuar obras de reencarpetamiento de diversas vialidades de la ciudad.
Precisó que el corporativo demandó la negativa ficta en relación a una falta de pago en la que el ayuntamiento había incurrido derivado de una petición hecha por la personal moral, teniendo como consecuencia el pago de 39 millones 170 mil 820.28 pesos y si bien la administración en ese entonces llevó a cabo algunas acciones de defensa, como la promoción de un juicio de amparo, fueron desechadas, quedando firme la resolución.
Señaló que el 10 de julio del 2019 comenzó la obligatoriedad del pago de manera constante, por lo cual el 23 de abril del 2021 la en ese entonces síndica municipal, Marisol Becerra de la Fuente, firmó un convenio para dar cumplimentada a dicha obligación de pago; sin embargo, la autoridad jurisdiccional la determinó improcedente, ya que se había pactado el pago de una cantidad que era mucho mayor a la que el propio tribunal había condenado al Ayuntamiento; efectuando cinco pagos por un monto de 12 millones de pesos, el último tuvo como fecha el 04 de noviembre de 2021.
Díaz Rosas aclaró que durante la presente administración se empezaron a generar requerimientos de pago de la autoridad jurisdiccional, a los cuales dieron cumplimiento, pagando hasta el 19 de abril del 2023 más de cinco millones de pesos; no obstante, el corporativo ante la falta de pago total por parte del municipio interpuso un juicio de amparo en contra del no cumplimiento de la sentencia, que hoy está resuelto, siendo condenados a dar cumplimiento al pago de 21 millones 200 mil pesos.
Al respecto, el presidente municipal, José Luis Urióstegui Salgado, subrayó que a pesar de que la administración que les toca representar no cuenta con una sola sentencia condenatoria del 01 de enero de 2022 a la fecha generada por causas adheribles a ellos, todas las sentencias que se han tenido que pagar fueron iniciadas y causaron ejecutoria en administraciones pasadas, procurando cumplir en la medida de sus capacidades con las condenas del Tribunal de Justicia Administrativa o los Juzgados Civiles, pero no han podido cerrar todos estos juicios ante la carencia de recursos económicos.
Refirió que algunas sentencias han escalado a tal grado que han obligado a la síndica municipal y su persona a pagar multas por no cumplirlas, siendo este uno de estos casos, donde después de las multas y los apercibimientos, le siguen el arresto y en su caso, la destitución.
«Y no tiene sentido poner en riesgo la estabilidad de una institución como el ayuntamiento cuando podemos hacer frente a un pago de ésta naturaleza, dado que la previsión de recursos que esté Cabildo ha venido realizando desde el primer día que nos tocó asumir la responsabilidad, podemos hacerles frente a ellos, aunque no es nuestro deseo hacerlo porque no nos permite cumplir con toda la sociedad, con los bienes y servicios que estamos necesitando», acotó.
José Luis Urióstegui manifestó que, por este acto, el Gobierno Municipal ha iniciado dos acciones legales se han iniciado acciones legales contra quien resulte responsable por la vía penal y la vía administrativa, por haber permitido la realización de Obra Pública sin haber cumplido con las formalidades de la contratación, licitación y presupuestación que por ley deben atenderse.
Precisó que será el Ministerio Público y en su caso la Contraloría Municipal las instancias que determinen quienes son los ex servidores públicos que sean requeridos como presuntos responsables de estas irregularidades que llevaron al incumplimiento de un pago millonario y que en consecuencia afecta a las finanzas de la actual administración del municipio de Cuernavaca.
Los regidores Víctor Manzo Godínez, Wendi Salinas Ruiz, Fernando Carrillo Alvarado, Adrián Martínez Terrazas, Debendrenath Salazar Solorio y Mirna Mireya Delgado Romero, hicieron uso de la palabra para manifestar su respaldo y seguimiento a las denuncias presentadas en contra de servidores públicos que han afectado el presupuesto del municipio y de la ciudad con este caso, toda vez que también hubo un incumplimiento en los procesos administrativos correspondientes hasta llegar a la firma de reconocimiento de deuda.
