Desde la entrada en vigor del actual sistema de justicia penal mexicano, el cual paso de ser inquisitivo a acusatorio y oral, representó un cambio trascendental en la vida jurídica del país, pues el respeto a los derechos humanos, así como la presunción de inocencia, el debido proceso y la prisión preventiva oficiosa, se consolidaron como piedras angulares del actual sistema de justicia.
Al respecto, la prisión preventiva representa la medida cautelar más lesiva, misma que se encuentra contenida en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la cual como su nombre lo cita, consiste en privar de la de la libertad a una persona imputada por la presunta participación de la comisión de un delito, en ese sentido al ser esta medida la que mayor daño puede generar, debe encontrarse debidamente justificada.
Sin embargo, existen supuestos en los que la prisión preventiva es aplicada de manera oficiosa; es decir que, el Juez deberá de imponerla sin necesidad de que sea solicitada por el agente del Ministerio Público, siempre que el delito del que se trate, se encuentre contenido en el numeral 19 de de la Constitución Política Federal, artículo que dispone cuáles son los delitos en que opera la prisión preventiva oficiosa, siendo estos los siguientes: abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, extorsión, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, y robo de casa habitación, por solo mencionar algunos.
En ese sentido, ante la comisión de uno de los delitos anteriores, el Juzgador se encuentra facultado para privar de la libertad a una persona, sin considerarnecesidad y proporcionalidad de la medida.
Ante ello, es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, consideraque esta medida resulta inconvencional, pues contraviene el principio de presunción de inocencia la cual representa una de las bases sobre las que se erigió el actual sistema de justicia mexicano, puesto que desde el primer momento se impone a una persona la privación de la libertad, vulnerando también el debido proceso, aunado a que limita las facultades del juez para establecer la medida cautelar conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad.
Y si bien es cierto, la prisión preventiva oficiosa puede representar una solución a la comisión de delitos considerados como graves, no menos cierto es también que esta medida representa un riesgo para los centros penitenciarios, los cuales se encuentran en situación de hacinamiento.
Pero bien, se puede o no estar de acuerdo con esta medida cautelar, sin embargo, no debe perderse de vista que de por medio se encuentra la libertad de las personas, a quienes también les asisten los derechos consagrados por la carta magna; pero también no debemos olvidar a las victimas que son las afectadas y dañadas como el resultado de los hechos delictuosos.
