El lunes 16 de abril de 2012 escribí con relación al encuentro sostenido allá y entonces por el presidente de Perú, Ollanta Humala, con su homólogo mexicano Felipe Calderón Hinojosa. Ambos coincidieron en Cartagena, Colombia, durante una cumbre de mandatarios latinoamericanos.
He de recordar que simultáneamente se estaban realizando en Morelos las campañas preelectorales de quienes compitieron por la gubernatura poco más de dos meses después. Hice el siguiente planteamiento:
“¿Saben los candidatos cuáles son los principales agravios sociales de Morelos? Y lo principal: ¿Saben cómo enfrentarlos? Desde mi particular punto de vista podría ubicar a la inseguridad pública y la reiterada comisión de delitos de alto impacto como los principales problemas a enfrentar por la siguiente administración estatal, en coordinación con el próximo presidente de la República y el que será su gabinete de seguridad. No hay de otra”.
Fue entonces cuando comenté la entrevista del mandatario peruano con Calderón Hinojosa.
Ollanta Humala reveló que el presidente mexicano le había expresado que “el narcotráfico remplazó algunas funciones del Estado o de plano le compite, como sucede en el caso de la recaudación de impuestos”. Y añadió:
“Estuvimos dialogando no sólo sobre qué cosas tenemos en común, sino lo que no queremos para los próximos años. Y aquí entran los temas vinculados al tráfico ilícito de drogas y el arribo de otras economías ilegales que se están multiplicando (…) Al respecto, algunos jefes de Estado han señalado que el narcotráfico está ya a remplazando en determinados sitios las funciones del Estado, como es el caso, y así lo ha señalado el presidente de México, lo relacionado con la recaudación de impuestos. Esas organizaciones compiten con el Estado en este tipo de cosas”.
Hasta aquí estos detalles del encuentro entre Ollanta Humala y Calderón Hinojosa que me sirven como preámbulo para escribir por enésima vez sobre el implacable reacomodo del crimen organizado sobre distintas regiones mexicanas, pero fundamentalmente en relación a lo ocurrido el jueves 17 de octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa, donde el cártel de Sinaloa colocó de rodillas al gobierno federal y demostró el estado fallido que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
De nada sirvieron el “fuchi, guácala”, ni acusar a los sicarios con sus mamacitas y abuelitas, pues protagonizaron las balaceras, bloqueos, quema de vehículos y enfrentamientos con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, hasta doblegarlos y conseguir que las fuerzas federales, por orden presidencial, entregaran a Ovidio Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, fortuitamente capturado momentos antes en una vivienda de dicha ciudad sinaloense. A cambio de dar “abrazos y no balazos”, el gobierno de la República se rindió y devolvió al joven capo a quienes lo defendieron.
Una vez más se demostró la exacta dimensión del estado mexicano frente a sus enemigos, muchas veces protegidos desde esferas institucionales. Se hizo evidente el estado fallido, así como la supremacía del cártel de Sinaloa por encima del gobierno estatal, de cualquier número de ayuntamientos de aquella entidad y, obviamente, del gobierno federal.
El problema para millones de mexicanos es que el flagelo continúa, no solo en Sinaloa, sino en más entidades federativas, a grado tal que la violencia generada en las semanas recientes condujo al gobierno de Estados Unidos a emitir este fin de semana una nueva alerta de viaje a sus ciudadanos para que no se trasladen a 16 estados de México. ¡La mitad del territorio nacional está boletinada, no solo por EE. UU., sino también por el gobierno de Canadá! Morelos, infortunadamente para nosotros, fue incluido en la nueva “travel warning”.
El cártel de Sinaloa tiene ramificaciones en casi todo el país. El cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es aliado de los sinaloenses y tienen “jefes de plaza” en múltiples regiones de México.
Pero no solo el narcotráfico, sino otras vertientes del crimen organizado, desplazaron al gobierno en sus tres niveles. En cualquier territorio se repite el “cobro por derecho de piso”, que, según la legislación penal, constituye el delito de extorsión, tal como hace décadas lo practicaba en Europa la Cosa Nostra, y en Estados Unidos la propia mafia siciliana confabulada con grupos locales de sicarios. Este es el método referido por Calderón Hinojosa en octubre de 2012.
La extorsión, hoy por hoy, representa un gravísimo problema de índole económica. Los indicadores económicos no son los más importantes para evaluar el progreso de una nación. Las señales de alerta son otras y una muy importante es la violencia, a la manera de como actualmente la sufre México. El índice de violencia no ha dejado de crecer desde 1999.
En concreto: del estado fallido pasamos al estado arrodillado. En la actual administración todo se agravó hasta alcanzar niveles incontrolables, a partir del 17 de octubre de 2019, cuando una instrucción del presidente de la República dejó en libertad a Ovidio Guzmán López. Sin embargo, a partir de entonces se han enviado, desde Palacio Nacional, mensajes sumamente graves respecto al actuar de los grupos criminales. Por eso se sienten impunes, intocables y protegidos.
