Renovación Política Morelense (RPM) se sumó al Pacto por el Derecho de las Mujeres a Una Plena Participación Libre de Violencias (convocado por el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, IMEM).
La presidente del partido, Leticia Salgado Peña, expresó que esta participación va más allá: “es uno de los grandes retos que tenemos”. Por tanto, RPM “asume un compromiso en el tema de paridad de género”, que está consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en la responsabilidad de establecer candidaturas -a los diferentes puestos de elección popular- bajo un esquema paritario y equilibrado.
Asimismo, en entrevista, expuso que la toma de decisiones, que habrán de asumir las mujeres en el ámbito ya de la representatividad, se tiene que hacer “con valores” y “respeto”.
Añadió que los principios de RPM están inclinados hacia una “inclusión” íntegra, donde tengan cabida los mejores perfiles, con el objetivo de cumplir las demandas de los morelenses; sobre todo, en los rubros de educación, salud, seguridad pública y economía.
En el acto (junto con la representación de 19 fuerzas políticas más), Salgado Peña asentó su firma en el respectivo documento, por medio del cual, se busca erradicar toda forma de violencia, trata y explotación sexual. Además, asegurar la participación “plena” y en igualdad de “oportunidades de liderazgo” del sector.
A la vez, cumplir con los objetivos de desarrollo estatales, los tratados internacionales y los compromisos de la Agenda 20-30 de la Organización de las Naciones Unidas.
En ese sentido, la presidente del IMEM, Flor Dessiré León Hernández, manifestó que un “Morelos democrático” tiene que ser “inclusivo”, ponderando el “derecho a votar” desde una perspectiva universal. Esto, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre).
Y, en seguida: “la democracia representativa no puede excluir a nadie”. Exige condiciones de “igualdad” y formación de ciudadanía.
Ahí, trascendió que es responsabilidad del Estado erradicar este fenómeno (en todas sus formas), al colocar el tema en la agenda pública, priorizando los derechos de las féminas.
De esta forma, las autoridades electorales locales y federales (que firmaron como testigos de honor) velarán para que ningún candidato tengan antecedentes, respetando la iniciativa “3 de 3”, que prevé poner obstáculos a agresores, deudores alimenticios y hostigadores.
