Dos presidentes nacionales de partidos políticos podrían dejar de serlo ante la prórroga que lograron en sus cargos mediante modificaciones a los estatutos de sus institutos; el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deberá resolver sobre la legalidad de su permanencia.
La ampliación de mandato, ahora recurrida bajo el pretexto del apoyo mayoritario de una Asamblea -ya sea en el sector privado como en el público- a pesar de que se vulnere lo ordenado por un estatuto, reglamento o norma, podría encontrar un freno en los casos del Partido Revolucionario Institucional y Movimiento de Regeneración Nacional.
En el caso del PRI, fue el Instituto Nacional Electoral el que señaló la invalidez de la “ampliación de mandato” de su dirigencia nacional encabezada por Alejandro Moreno; el ex gobernador de Campeche recurrió ante los tribunales electorales.
Para el caso de MORENA, ha trascendido el proyecto de la magistrada del TEPJF, Janine Otálora, que indica que es “inconstitucional” el artículo transitorio que prorroga el cargo de Mario Delgado y Citlali Hernández, por lo que se propone su invalidez.
Aunque los casos tienen diferencias en la forma en como se fundamentó la permanencia de sus dirigentes aún cuando había vencido su periodo estatutario, el fondo es exactamente el mismo: lograr la permanencia bajo el argumento de “temas pendientes que resolver”, “consolidar los proyectos inacabados”, “salvar a la institución”, y cientos de pretextos más.
El caso de Mario Delgado está próximo a ser puesto de la consideración del pleno de la Sala Superior de este Tribunal, cuyas decisiones son definitivas e inapelables. El asunto de Alejandro Moreno en algún momento correrá la misma suerte. El análisis y voto de los magistrados será definitivo.
Paralelamente en San Lázaro de trabaja a marchas forzadas para tratar de limitar los alcances de las sentencias de los tribunales electorales, principalmente de los temas que se impactan en la vida interna de los partidos políticos.
EJEMPLAR
Un tema similar se vivió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con motivo de la reforma judicial en la que se contempló un artículo transitorio que prorrogaba la presidencia hasta 2024 del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Sabedor de que la norma modificada en el Poder Legislativo sería recurrida por ser claramente antidemocrática, hizo público primero su exclusión del análisis de los recursos que se presentarían ante a SCJN y después hizo del conocimiento general su retiro en el plazo estatutario: 31 de diciembre de 2022.
Un ejemplo de congruencia y madurez; todo lo demás, cualquier pretexto de permanencia contra los periodos establecidos, es ego y humildad simulada.
