El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, el diputado panista Francisco Erik Sánchez Zavala, declaró este jueves que “la división y separación de poderes no debe ser un sinónimo de enfrentamientos, ni conflictos”. Bien por esa expresión, pero yo pregunto: ¿Por qué habrían de existir tales pleitos si, como bien lo señala el legislador, la separación y división de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial está claramente definida en nuestra Carta Magna?
Uno de los preceptos constitucionales donde se establece lo anterior y que debe ser acatado por las normatividades de todas las entidades federativas, así como por sus instituciones, es el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sobre tal contexto habría necesidad de preguntarle al diputado Sánchez Zavala: ¿A cuál de entre las nueve diferentes variedades de controversias constitucionales entre poderes, órdenes de gobierno y organismos constitucionales autónomos que contempla la fracción uno del 105 constitucional, se refiere?
Porque, la mera neta, lo que algunos comunicadores sociales morelenses vemos en la arena política estatal no son propiamente controversias (enfrentamientos y conflictos les llama Sánchez Zavala) entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ni tampoco ataques dirigidos al Poder Judicial, sino más bien la acción de grupos de presión para la protección de intereses detentados por minorías políticas.
¿Dónde expresó su discurso el presidente de la Mesa Directiva del Congreso? Durante un encuentro de diputados con magistrados del Tribunal Superior de Justicia, encabezados por el presidente de ese cuerpo colegiado, Luis Jorge Gamboa Olea, quien, al igual que Samuel Sotelo Salgado, secretario de Gobierno en el Poder Ejecutivo, está demostrando su raigambre morelense, el ser emergido de la cultura del esfuerzo, su don de gentes y una gran capacidad de aglutinamiento u operatividad política.
A su vez, los principales jefes del Congreso aprovechan la coyuntura de los cambios para hacerse presentes y, desde luego, ganar reflectores, así como rentabilidad electoral. En el mismo contexto ya se reunieron también con el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, lo cual demostró el deseo de algunos legisladores para construir un nuevo sistema de relaciones con el Ejecutivo y mejores vasos comunicantes, que se vieron tensionados (como se esperaba) en el análisis y la NO aprobación del Paquete Económico de 2022.
Más allá de la “moda” de reunirse con Samuel Sotelo o Luis Jorge Gamboa Olea, aprovechada asimismo por las alrededor de 883 agrupaciones de abogados existentes en nuestro estado, lo ideal sería cristalizar, entre los tres poderes morelenses, una “interdependencia por coordinación” (Karl Loewenstein, finado constitucionalista y filósofo alemán), y no esquemas de falsa independencia, ni dependencia, propios de otras épocas o sistemas políticos. Me parece que el clima de odio, separatismo nacional y polarización propiciados desde Palacio Nacional por López Obrador, no deben dañar la “interdependencia por coordinación” entre poderes en Morelos.
En el discurso de este jueves pronunciado por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local hubo algo relevante, que transcribo a continuación:
“Esta es una reunión de gran trascendencia en la historia de las relaciones entre los poderes Legislativo y Judicial. Destaca el ánimo de trabajar de manera coordinada y seguir sosteniendo encuentros, como ya se está haciendo con el Poder Ejecutivo”.
Bien por esas palabras, pero falta ver ahora la coexistencia pacífica entre los grupos de presión dentro del Congreso del estado. Hasta ahora solo hemos visto, como lo indiqué líneas atrás, el anhelo por proteger intereses y prebendas a los cuales están acostumbrados las sempiternas minorías políticas.
Luis Jorge Gamboa Olea puso el dedo en la llaga:
“Se está generando una etapa de diálogo constructivo y fructífero (…) Independencia no es aislamiento, ni intolerancia y menos romper el diálogo; es un reto histórico, el lograr un estado de paz y tranquilidad a partir del diálogo”.
Por otra parte deseo recordar, en torno a la frecuentemente aludida inseguridad, que un sistema integral de seguridad pública consta de cuatro pilares fundamentales: 1) La prevención y disuasión de los delitos, con una alta capacidad de respuesta por parte de las corporaciones policíacas estatales y municipales; 2) La persecución e investigación de los mismos a través del Ministerio Público y las instancias periciales correspondientes; 3) La administración e impartición de justicia, a cargo de jueces eficaces y honestos, y 4) La readaptación social, mediante sistemas penitenciarios modernos que garanticen la reinserción de los procesados y sentenciados a la sociedad. Si alguna de estas columnas falla, lo hace todo el sistema en su conjunto. Infortunadamente para los morelenses, las cuatro tienen deficiencias, han fallado rotundamente, cada uno en sus proporciones correspondientes.
Así las cosas, los 20 diputados integrantes de la LV Legislatura deben concientizarse de que no solo al Ejecutivo le corresponde la seguridad pública, sino a todas las instituciones morelenses.
