La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) atraviesa por una profunda crisis política y social. El reciente feminicidio de la estudiante Claudia Tacoronte Aguilera, el cuarto registrado en lo que va del año 2026 dentro de la comunidad universitaria, ha detonado un clima de indignación generalizada que escaló desde las marchas en los campus hasta la irrupción del movimiento estudiantil en el desfile cívico-militar del 16 de septiembre en Cuernavaca.
La magnitud de las protestas ha puesto en el centro del debate la gestión de la rectora Viridiana Aydeé León Hernández. Por un lado, sectores del movimiento estudiantil señalan una presunta inacción institucional y exigen una postura más firme frente al Gobierno del Estado y la Fiscalía General para garantizar justicia y seguridad. Por otro lado, un nutrido grupo de mujeres académicas y rectoras de diversas instituciones del país ha emitido un pronunciamiento público en defensa del liderazgo de León Hernández y de la autonomía universitaria.
Pronunciamiento nacional: respaldo al liderazgo femenino e institucional
Frente a esta coyuntura, destacadas académicas, investigadoras y titulares de instituciones de educación superior a nivel nacional publicaron el «Pronunciamiento de mujeres universitarias en defensa de la vida, la justicia, la autonomía universitaria y el liderazgo de las mujeres».
El documento expresa solidaridad con las familias de las víctimas y condena enérgicamente la violencia de género, pero enfatiza la necesidad de deslindar responsabilidades constitucionales:
Las firmantes recordaron que la prevención general del delito, la investigación de feminicidios y la procuración de justicia corresponden exclusivamente a las instituciones estatales y fiscalías.
Explicaron que la UAEM debe cumplir con sus fines constitucionales de educación e investigación, implementar protocolos de prevención y acompañar a las víctimas, pero no puede ser responsabilizada por la violencia estructural del país.
Alertaron sobre el riesgo de convertir el liderazgo femenino en un «pararrayos» o chivo expiatorio de crisis institucionales mediante dobles estándares de evaluación.
Entre las más de 30 firmantes destacan rectoras y directoras como Lilia Cedillo Ramírez (BUAP), Silvia Giorguli (expresidenta de El Colegio de México), Carmen Enedina Rodríguez Armenta (CENEVAL), Karla Planter Pérez (Universidad de Guadalajara) y Rosa María Torres Hernández (UPN), entre otras autoridades académicas.
El pronunciamiento concluye con un llamado a la Rectoría de la UAEM para continuar fortaleciendo la prevención con transparencia, a las autoridades estatales para asumir el control de la seguridad pública, y a la comunidad universitaria para mantener vías de diálogo que eviten una mayor fractura institucional.
Mientras las investigaciones por los feminicidios continúan, la comunidad de la UAEM se encuentra en un punto crucial donde la exigencia de justicia para las alumnas asesinadas exige respuestas coordinadas de todos los niveles de gobierno e institución.
Analistas de diversos medios coinciden en que la reaparición de la agrupación Resistencia Estudiantil UAEM, surgida tras el paro de 23 días iniciado en marzo pasado, refleja que los acuerdos alcanzados en abril no lograron solucionar las demandas de fondo. Las representaciones estudiantiles denuncian la persistencia de casos de acoso no sancionados, falta de garantías de seguridad en los entornos universitarios y una red de proteccionismo que involucra a estructuras gremiales como el Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAEM (SITAUAEM).
Los inconformes señalan que la Rectoría no puede limitarse a comunicados de condolencia ni a contención de imagen. Exigen que la máxima autoridad universitaria encabece de forma directa las exigencias ante el Ejecutivo Estatal y la Fiscalía para erradicar la impunidad y evitar que la autonomía sea utilizada como un escudo protector frente a denuncias internas.
