Claro que ya se sabía de la corrupción en el manejo de los recursos públicos en México, antes de la autodenominada Cuarta Transformación, lo que desconocíamos eran sus alcances y profundidades. Así como también sabíamos que había línea gubernamental para evadir temas como ése y el de la gobernabilidad, por ejemplo. El contubernio, la alianza de intereses de funcionarios públicos y privados, pudrió hasta la médula del sistema, al grado de ser mucho muy difícil encontrar algún área que no haya sido corrompida.
En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se han destapado casos que nos dan una idea de la magnitud de los fraudes, el cohecho y el tráfico de influencias. Y sus dichos en las mañaneras apuntan hacia la colusión de todo el sistema y en todas direcciones. Podría decirse, ahora que está de moda el término, que la corrupción se transversalizó. Desde los sobornos a los policías, para evitar la aplicación de multas de tránsito, conocidos en México como “mordidas”, el pago a funcionarios menores para “agilizar” trámites, y hasta las millonarias cantidades del caso Odebrecht o la protección a los cárteles de la droga, brindada y cobrada por quienes deberían combatirlos.
Los casos que el gobierno persigue, la fiscalía a cargo de Gertz Manero, y las de los estados de la República, no son más que una parte de la enorme y profunda corrupción, de origen colonial incluso, pero que se enraizó en el periodo posrevolucionario. Una corrupción veladamente institucionalizada, que tuvo como herramienta protectora al Partido Revolucionario Institucional y al presidencialismo autoritario. Pero todos estaban en el ajo, ni panistas, ni perredistas, ni morenistas se han ido a fondo para erradicarla. Al contrario, se han vuelto también, en no pocas ocasiones, sus cómplices y beneficiarios.
Todo parte de la hechura del presupuesto de egresos, que en un par de días comenzará a ser discutido y negociado en la Cámara de Diputados. Ya se ventilan entre los especialistas los supuestos sobre los que se basará: un precio promedio del barril de petróleo a 60 dólares, apoyo financiero a Pemex y la reducción de partidas para organismos autónomos y entidades de la Federación. Una austeridad, no como principio, sino obligada por los resultados negativos en materia económica. Si no es así, no habría manera de continuar con los programas sociales ni con los proyectos que obsesionan al primer mandatario, como la refinería y el Tren Maya, por ejemplo. Le quitarán a todo lo que le tengan que quitar, menos a esos, a los que por cierto destinarán, al final de cuentas, más y más dineros.
Los márgenes de maniobra de los estados de la Federación ahora estarán todavía más condicionados a la negociación y aprobación del Ejecutivo. AMLO eliminó el reparto de la llamada partida de los moches, el ramo 23, pero lo sustituyó con la centralización sobre el uso de esos recursos en su persona. Podemos prever ya la continuidad de la corrupción con un presupuesto austero y condicionado. Pero lo que no sabemos es qué tanto continuará el trasiego de influencias como las de la prima del presidente, que sigue cobrando a diversas instituciones, los contratos a los militares, a los miembros de las familias de Bartlett, Robledo y vaya usted a saber de cuántas más que no se están investigando.
Y para iniciados
Ya comienzan a salir las resoluciones del Tribunal Estatal Electoral (TEE) sobre las impugnaciones de los comicios para la renovación de los ayuntamientos. Habrá quienes festejen y otros que se molesten, pero nada es definitivo todavía. Faltan las etapas que corresponden al Tribunal Federal. El Tribunal local nunca ha gozado de gran prestigio, que digamos, menos ahora que perdió toda credibilidad, por sus recientes resoluciones, que fueron echadas atrás en el órgano Federal, cuyas sentencias tendremos que esperar para saber si ahora sí los magistrados hicieron bien su trabajo o serán enmendadas de nuevo sus erratas jurídicas.
¡Que tenga un excelente inicio de semana!
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