El 11 de agosto de 2003, los diputados de la XLVIII Legislatura del Congreso del Estado aprobaron para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” la nueva y esperada Ley de Auditoría Superior Gubernamental del Estado de Morelos.
Al fin los morelenses contaríamos con un instrumento jurídico actualizado que otorgaba facultades y deberes al órgano fiscalizador, obligando a éste al cumplimiento de disposiciones y normas que garantizarían su autonomía, independencia, objetividad e imparcialidad por una parte y, por otra, se le dotaba de los medios necesarios para alcanzar la excelencia de la función fiscalizadora.
Así, la Auditoría Superior Gubernamental (ASG) nos aseguraría que los recursos públicos serían gastados legalmente, de manera eficiente y honesta por servidores públicos facultados para ello, y que se sancionaría en justicia y con apego a derecho a los infractores, como elemento esencial en el combate a la corrupción y a la impunidad que tanto nos laceran socialmente hablando y desacreditan a las Instituciones.
Los diputados de aquella Legislatura normaron de manera puntual el arribo al cargo de Auditor Superior Gubernamental, cuyas acciones serían vigiladas, a su vez, por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso; por un Consejo Consultivo Ciudadano y por una Unidad de Evaluación y Control. Esta unidad tendría la encomienda de auditar al órgano fiscalizador, así como la de iniciar las investigaciones necesarias cuando se presentare alguna queja en contra de empleados de la ASG.
Iniciada la vigencia de la Ley, se debía nombrar al primer Auditor Superior Gubernamental y para ello, la nueva Ley contemplaba en su artículo 73 el procedimiento para tal designación; sin embargo, los propios diputados que la habían hecho la violaron, no la cumplieron y con intereses partidistas nombraron sin contar con los requisitos y mediante un procedimiento irregular a Diana Áurea Recio Téllez, su compañera diputada por el PRI, a quien previamente le autorizaron licencia para separarla de dicho cargo. El montaje fiscalizador había comenzado y los diputados mintieron a sus representados.
En violación de las fracciones III, IV y VII del artículo 76 de la Ley de Auditoría Superior aprobada el día 11 anterior, el 26 de agosto de 2003 los diputados de la XLVIII legislatura designaron mediante el Decreto 001115 a uno de sus miembros.
Un fragmento del Decreto contenía algunas de las mentiras, ya que en su totalidad fue producto de la imaginación: “Que en Sesión celebrada el 25 de agosto del año en curso, a partir de las 18 horas, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, en base a las documentales exhibidas por los 10 aspirantes que reunieron los requisitos legales, llevó a cabo la evaluación de conocimientos y entrevista practicada, llegando a la conclusión y así lo propuso en la terna presentada a esta Honorable Asamblea, que las personas idóneas que reúnen los requisitos constitucionales y legales, para ser considerados para ocupar el cargo de Auditor Superior Gubernamental, fueron las siguientes:
1.- LICENCIADA DIANA AUREA RECIO TÉLLEZ.
2.- CONTADORA PÚBLICA OLIVIA GEORGINA BOBADILLA MIRANDA.
3.- CONTADOR PÚBLICO JOSÉ REFUGIO LÓPEZ LARA.
“Que, con motivo del resultado de la votación, la referida profesionista presentó ante esta Soberanía, solicitud de licencia al cargo de Diputada de la XLVIII Legislatura del Congreso del Estado, a efecto de protestar el cargo conferido en la misma sesión de su designación; licencia que le fue concedida por el Pleno de la Asamblea.
Por lo antes expuesto, esta Soberanía ha tenido a bien expedir el siguiente DECRETO:
ARTÍCULO PRIMERO. – Se designa a la Licenciada Diana Aurea Recio Téllez, para ocupar el cargo de Auditor Superior Gubernamental del Organismo de Auditoría Superior Gubernamental del Congreso del Estado”.
Con este decreto, los mismos legisladores que crearon la Ley fueron los primeros en violarla para, de manera ilegítima, nombrar a la primera Auditora Superior Gubernamental en Morelos. Los prestanombres Olivia Georgina Bobadilla Miranda y José Refugio López Lara solo coadyuvaron al sainete.
A propuesta de la XLVIII legislatura, el Titular del Ejecutivo firmó el Decreto 001115, el primer acto del sainete legaloide había concluido entre gritos y los consabidos jaloneos del PRD.
SE INICIA LA “ERA CASAMATA”
Sin embargo, los diputados del PRD, con lujo de ilegalidad y en menos de un mes arrebataron la titularidad de la Auditoría Superior Gubernamental y sacaron literalmente a Diana Áurea Recio Téllez de las instalaciones de Álvaro Obregón 129. En un motín nocturno, en lo obscurito, instalaron y le tomaron la protesta a Gerardo Casamata Gómez; el botín les pareció suficientemente atractivo para reiniciar la farsa y, el pillaje, la mejor manera de obtener para sí el órgano fiscalizador.
Julián Vences Camacho y Guillermo López Ruvalcaba habían instalado al nuevo Auditor Superior Gubernamental e iniciaban con Gerardo Casamata como encargado del despacho la más negra etapa de la fiscalización en Morelos. Tal vez no había para más y seleccionaron al menos peor de las huestes; éste saco las uñas de inmediato y, además, su esencia de traidor y mercancía.
A esto condenaron a Morelos los diputados mencionados hasta octubre de 2004 y eso fue lo que heredaron a la siguiente Legislatura. Los diputados de ésta y sus respectivos partidos políticos tras de ellos, corroboraron los “atributos” del Auditor Superior y las conveniencias de contar con la disposición de los favores del vigilante y evaluador de las Cuentas Públicas de todos los Ayuntamientos, todos los Organismos Públicos, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial en el Estado; así entraron a una subasta repugnante en donde las mayorías políticas y de recursos económicos obtuvieron del Auditor Superior las mejores concesiones; por ello decidieron mantenerlo y sostenerlo en el cargo. La cadena de corrupción entre fiscalizador y fiscalizados había comenzado; los apoyos y rescates ilícitos de aquí para allá y viceversa se inició. Casamata ilegalmente dispensó observaciones y desvíos millonarios.
SE RATIFICA LA CORRUPCIÓN Y LA SIMULACIÓN
En octubre de 2004 la Legislatura XLIX, con nuevas mentiras a la sociedad y en otra simulación mejorada de un proceso sucio y difamador en contra de los profesionales participantes, de Instituciones de Educación Superior, de la profesión organizada de Contadores Públicos en Morelos, del propio Poder Legislativo y del mismo Poder Ejecutivo, ratificaron a Casamata en el cargo, ya no como encargado del despacho, sino que lo impusieron como Auditor Superior Gubernamental.
Así, a propuesta de la XLIX legislatura, de nueva cuenta el Titular del Ejecutivo del Estado firmó el Decreto publicado en el Periódico Oficial 4355 del 20 de octubre de 2004 en pretensión de legalizar lo ilegalizable, y quedó reinstalado Gerardo Casamata como Auditor Superior Gubernamental.
Ya en el cargo, sus principales atributos no cambiaron, por el contrario, se acrecentaron: nunca dejó de ser producto de falsedades, innato mentiroso, inepto, incapaz, amoral y objeto comercial que siempre ofertó su voluntad y juicio de “autoridad” al mejor postor, con apoyos y rescates clandestinos generadores de corrupción a servidores públicos y políticos de quienes esperó la paga con la misma moneda para mantenerse por siete años más en ese su productivo negocio, en complicidad mutua con algunos servidores públicos de administraciones anteriores y en turno, de ex y diputados de la XLVIII, XLIX y L legislaturas, así como de los partidos políticos, de quienes aguardaba los consabidos apoyos y rescates en corrupción, complicidad e impunidad.
Cuando por primera vez se hizo cargo de la Auditoría Superior Gubernamental, en actitud honesta y hasta humilde, Gerardo Casamata solicitó el apoyo de varios profesionales reconocidos por sus muchos años de experiencia como auditores, acreditados no solo al interior del órgano fiscalizador para el cual laboraban, sino también en el ámbito organizado de la profesión, en el docente a nivel universitario en el que se desempeñaban como catedráticos y con excelentes antecedentes laborales relacionados con la administración pública y el manejo de los recursos presupuestales.
El Auditor Superior los conocía bien y les reconocía profesionalismo y un alto grado de honorabilidad, reputación y excelente fama en el concepto público. Dichos profesionales le brindaron su apoyo, guía, consejos, asesoría y su mejor esfuerzo para el logro de las metas institucionales; le diseñaron planes de actualización legal y técnica para la auditoría gubernamental, modernización y capacitación en conceptos afines a la fiscalización y a los auditores como valores, desarrollo humano y servicio profesional de carrera entre otros.
DINERO Y CANONJÍAS A CAMBIO DE PROTECCIÓN
De igual manera hubo casos especiales de fiscalización y hechos concretos delicados que fueron encomendados en su dirección y supervisión a dichos profesionales. De estos trabajos especiales se obtuvieron resultados que ameritaban correcciones importantes a las cifras de las Cuentas Públicas, recuperaciones cuantiosas, resarcimientos millonarios al patrimonio institucional de los fiscalizados; fincamiento de responsabilidades a servidores públicos de primeros niveles; el inicio de procedimientos presuntamente de responsabilidad civil y penal; y otros que, habiéndose detectado, corroborado, documentado y sustentado legal y técnicamente, nunca fueron incorporados a los pliegos de observaciones ni notificados a los servidores públicos en presunción de responsabilidades.
Lo anterior, que avisaba de irregularidades graves en los procesos fiscalizadores y de presuntos casos de corrupción en la Auditoría Superior Gubernamental, generó el rompimiento de Gerardo Casamata con varios de esos profesionales, a quienes Casamata intimidó, vejó y persiguió hasta lograr su expulsión, con excepción del C.P. Eduardo Bonilla quien se sostuvo confiado en la Ley y a quien por esta razón aisló totalmente de sus funciones, lo agredió y demandó absurdamente por investigar casos de corrupción que Casamata había encubierto.
Fueron varios los casos que bajo la dirección y supervisión de Eduardo Bonilla se detectaron, con muchos millones de pesos por reintegrar a la Hacienda Pública ante la indiferencia de Casamata.
Pasaron los años y así llegamos a enero de 2010, cuando Casamata se metió en un berenjenal al cesar a alrededor de 22 funcionarios de diferente rango, en ese momento adscritos a la ya denominada Auditoría Superior de Fiscalización (ASF). Pero recuerden que todo tiene precedentes y el surgimiento del multicitado ente fiscalizador partió de la ilegitimidad y vicios ocultos en el Congreso local. El problema data desde la creación del que debería ser un auténtico instrumento de fiscalización a la forma en que son empleados los recursos públicos, y no un “elefante blanco” al servicio del mejor postor.
La salida de esos 22 servidores públicos de diferente rango liberó espacios destinados a una nueva generación de incondicionales afines al grupo parlamentario dominante entonces en el Congreso: el del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Así se pagarían los compromisos adquiridos por determinados diputados priístas durante la campaña preelectoral de 2009.
Nadie ignora que la decisión de remover a esa pléyade de servidores públicos no fue asumida unilateralmente por el auditor Casamata, sino acatando las directrices de Jorge Arizmendi García, entonces presidente de la Junta Política y de Gobierno y jefe de la bancada priísta, desde luego en acuerdo con otros coordinadores de grupos parlamentarios. Al titular de la ASF le convenía acatar esos mandatos, pues de ello dependió su permanencia en el cargo hasta octubre de 2012.
LA VERDADERA ESENCIA DEL ENTE FISCALIZADOR
Fuera máscaras: la Auditoría Superior de Fiscalización no preservó jamás los intereses de la sociedad morelense, sino los de la partidocracia siempre prevaleciente en el Congreso local.
Ni como Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización se han cumplido las premisas marcadas por su ley orgánica, derivada del marco constitucional morelense: autonomía técnica y política, objetividad e imparcialidad, ser garante de que los recursos públicos serían gastados legal, eficiente y honestamente por servidores públicos de los niveles de gobierno fiscalizados, etcétera. Asimismo, la ESAF tampoco a procedido en contra de los funcionarios infractores, ello como elemento esencial en el combate a la corrupción y la impunidad que han lacerado durante décadas a la sociedad.
Por eso hoy se habla sobre la necesidad de extinguir la ESAF, a fin de darle paso a una nueva institución. Habrá que verlo, porque los promotores de la idea se localizan dentro del multicitado Congreso local, donde prevalecen solo los intereses políticos y partidistas. Los de la sociedad siempre son hechos a un lado. Estaremos atentos y luego diremos.
