En mayo de 2006 tuve la precaución de guardar en mi computadora un boletín del Programa de Seguridad y Ciudadanía de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, mejor conocida por sus siglas FLACSO, capítulo Chile, titulado “¿Politización de la seguridad o securitización de la política?”, mismo que me sirve este día para referirme al protagonismo de algunos personajes, entre ellos el diputado local del Partido Movimiento Ciudadano (MC), Julio César Solís Serrano, quien preside la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso morelense. Ese protagonismo se denomina precisamente “securitización”. Para nosotros el asunto no es nuevo, pues lo hemos visto repetido a lo largo de dos décadas y media.
Varias veces, desde septiembre de 2021 hasta ahora, dicho legislador ha arremetido en contra del trabajo desplegado por la Comisión Estatal de Seguridad, encabezada por el almirante José Antonio Ortiz Guarneros, y además ha externado a través de su cuenta de Twitter “la necesidad de cambiar el modelo de prevención del delito”, inclusive con la creación de un organismo autónomo presuntamente dependiente de la Fiscalía General de Justicia de Morelos, que de suyo no tiene suficientes recursos para sacar adelante la persecución de los delitos y su canalización hacia los juzgados penales. Mucho menos podría con la prevención y disuasión de los delitos. La idea de Solís Serrano sobre ese tema es aberrante, además de inconstitucional.
Ortiz Guarneros respondió a Solís Serrano este domingo, catalogando al diputado como una persona protagónica, con propuestas inútiles, pero con el objetivo de socavar el esfuerzo a diario desplegado por la Comisión Estatal de Seguridad, la cual cotidianamente detiene a decenas de criminales, quienes, según establece nuestro marco constitucional, son transferidos al ámbito de la procuración de justicia y al sistema de justicia penal prevaleciente en Morelos. La persecución de los delitos y la procuración de justicia le corresponden a la Fiscalía General de Morelos, cuyo titular es Uriel Carmona Gándara. Y la administración e impartición de justicia les toca a los jueces penales, es decir al Tribunal Superior de Justicia, que dentro de unos días será presidido por el penalista Luis Jorge Gamboa Olea. Y como cuarto pilar de un sistema integral de seguridad pública tengo que agregar a la reinserción social, la cual depende de la CES-Morelos.
Según la FLACSO-Chile “la seguridad ciudadana (o pública) se ha convertido en una eficaz herramienta de obtención de votos, debido principalmente a que en la mayoría de los países se evidencia un incremento de la delincuencia. Las instituciones gubernamentales han sido muy poco eficientes en enfrentar el tema, situación que ha traído de la mano un creciente reclamo popular por respuestas rápidas, muchas veces vinculadas con medidas represivas”.
“De esta forma, se han instalado en la agenda electoral posturas de mano dura, tolerancia cero, endurecimiento de penas, aumento de la oferta carcelaria, incremento del número e incluso de las facultades de las fuerzas de orden como principales respuestas de política. En este marco, encontramos planes de gobierno con propuestas reactivas incluso en aquellos presidentes de tendencia progresista. Adicionalmente, algunos gobiernos de la región han cambiado sus planes preventivos por planes represivos en busca de recuperar apoyo popular”.
En México, las contiendas electorales han estado marcadas por constantes descalificaciones entre los partidos y candidatos de las distintas coaliciones, lo cual ha marcado el nivel de propuestas en el área de seguridad pública. En general las propuestas son similares con reconocimiento del problema social que enfrenta el país, pero además de las serias limitantes institucionales como la corrupción policial y la ineficiencia de la justicia, entre otros.
En Morelos podemos afirmar que el tema de la seguridad es claramente uno de los más sensibles y visibles para la ciudadanía, mientras los medios de comunicación reforzamos la sensación de amenaza constantemente. Y los políticos, a la manera del diputado Julio César Solís Serrano, utilizan la temática para aumentar su apoyo popular y engrosar la cantidad de votos.
Conclusión: la politización de la seguridad es un fenómeno alarmante pues aleja la temática de una discusión de fondo, en el plano preventivo y de largo plazo, acercándola a discursos populistas, orientados al control y mano dura, con limitados análisis que respalden su éxito, aún en el corto plazo. Ejemplo de lo anterior es la expresión de Solís Serrano, bastante simplista, de que tras la aparición de tres cadáveres violentados la semana pasada en la colonia Santa María Ahuacatitlán y lo ocurrido durante un baile en Ocotepec, es necesario cambiar el modelo de seguridad pública aplicado por la CES-Morelos, aunque es importante subrayar que los hechos referidos en sus tuits por Solís Serrano ocurrieron en Cuernavaca, cuya policía no está adherida al Mando Coordinado, sí, ese Mando que antes era Único y que el ex jefe del diputado de marras, el varias veces diputado Jaime Álvarez Cisneros (también del Partido Movimiento Ciudadano), apoyó a lo largo del sexenio anterior (2012-2018). Solís Serrano era subalterno de Álvarez Cisneros y tenía el mote de “El Talachas”. De legislador no tenía nada, pero era muy útil cargándole el portafolios a quien también fue titular de la Secretaría de Turismo.
¿Existe en los actuales actores políticos opositores al gobierno estatal, una verdadera voluntad por enfrentar con seriedad los problemas de violencia y criminalidad? Lamentablemente, la politización de la seguridad pública que se vive en la actualidad no permite responder positivamente tal interrogante. Más bien evidencia que el tema es una herramienta electoral efectiva. El juego político impacta la esfera de la seguridad, desplazando a las visiones técnicas más integrales, y de mediano y largo plazo.
