El traslado de personas privadas de la libertad de los centros penitenciarios de Morelos hacia cárceles ubicadas fuera del estado puede ser una medida excepcional de seguridad y gobernabilidad, pero sería un grave error presentarlo como una solución de fondo a la crisis penitenciaria que enfrenta la entidad. La pregunta central no debería ser cuántos internos se sacan de las cárceles de Morelos, sino por qué el sistema penitenciario estatal llegó a un punto en el que resulta necesario enviarlos a otros estados para poder mantener el control.
El Gobierno de Morelos reconocen una problemática estructural. El diagnóstico del programa presupuestario de Reinserción Social señala que el sistema tiene capacidad para 2,582 personas, pero registra una población de 3,744, equivalente a una sobrepoblación del 45%. El mismo gobierno reconoce hacinamiento, actividades ilícitas, deficiencias en la clasificación de las personas privadas de la libertad, problemas para separar procesados y sentenciados y deficiencias en los programas de atención de adicciones.
Estos datos nos llevan a considerar que el problema penitenciario de Morelos no es únicamente de espacio, sino es de capacidad. Un traslado puede justificarse cuando existen razones objetivas de seguridad individual o institucional, cambios de situación jurídica, atención médica, diligencias judiciales u otras causas previstas por la ley. La normativa exige que estas decisiones estén debidamente fundadas y motivadas y, dependiendo del supuesto, sujetas al control de la autoridad judicial.
Por ello, trasladar a una persona privada de la libertad fuera de Morelos no puede convertirse en una especie de mecanismo administrativo para descongestionar cárceles que el Estado ha sido incapaz de controlar.
Existe, además, un antecedente que obliga a observar estos movimientos con especial atención. En marzo de 2024 fueron trasladadas 182 personas privadas de la libertad a distintos centros federales del país. La autoridad penitenciaria sostuvo que la medida buscaba preservar la gobernabilidad y las condiciones de seguridad. Sin embargo, familiares denunciaron que algunos traslados se habrían realizado sin cumplir adecuadamente con la normatividad y señalaron incluso presuntas exigencias económicas para evitar la reubicación. Estas , muestra la necesidad de que cualquier traslado sea absolutamente transparente y debidamente justificado.
El problema de fondo, no es la capacidad operativa de los centros penitenciarios, es la nula capacidad de reinserción social.
El sistema penitenciario, debe organizarse sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción social.
Por ello, una política penitenciaria basada esencialmente en sacar internos de una entidad para enviarlos a otra corre el riesgo de reducir la prisión a una función meramente punitiva y de castigo medieval.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha señalado precisamente que el sistema penitenciario debe ser evaluado considerando tanto las condiciones de seguridad como la dignidad, la gobernabilidad, la reinserción y las necesidades específicas de las personas privadas de la libertad. Cosa mi querido Teodoro que dista mucho de la realidad operativa y de control en el sistema penitenciario actual, y entiendo la sobrepoblación, y el problema que esta causa en la operación interna de los centros de reclusión. Pero el problema en mi jucio es más amplio y viene de la falta de prevención del delito.
Y en ese sentido, Morelos arrastra antecedentes preocupantes. La CNDH documentó problemas en el Centro de Reinserción Social Varonil de Atlacholoaya relacionados con la falta de personal de seguridad y custodia y obstáculos a la labor de supervisión de ese organismo, señalando la afectación al derecho universal de reinserción social efectiva.
Es decir, la crisis no comenzó con los traslados actuales. Los traslados son, en buena medida, la manifestación visible de problemas que llevan años acumulándose en Morelos.
Uno de los aspectos que debe analizarse con mayor seriedad es el impacto que un traslado fuera del estado puede tener sobre los derechos de las personas privadas de la libertad y sus familias, ojo aquí, nada tiene que ver, y hay que ser muy cuidadosos con este tema, el hecho de que por ser delincuentes o estén purgando una condena por sus conductas fuera del marco de la Ley, se les pueda tratar de distinta forma pisoteando sus derechos humanos, sin importar, que quizá ya no verán a sus familiares, o ya no recibirán visitas, parte fundamental de el proceso de reinserción social.
Cuando un interno es enviado a cientos de kilómetros de su lugar de origen, las consecuencias pueden ser importantes: las visitas familiares se vuelven más costosas y difíciles; puede complicarse el contacto con abogados y defensores; en determinados casos, puede afectarse la continuidad de programas de trabajo, educación, tratamiento de adicciones o atención médica.
Por ello, la seguridad no debe utilizarse como argumento automático para justificar cualquier traslado.
Existe una diferencia fundamental entre controlar una prisión y administrar correctamente un sistema penitenciario.
Pareciera que es un asunto que ahí está y que la finalidad es combatir a la delincuencia y llevarlos presos, y no ahí no acaba el problema, empieza otro mucho más grande, la situación actual de operaciones ilegales al interior de los centros penitenciarios es brutal y sigue dañando a la sociedad misma.
Si un centro tiene sobrepoblación, falta de personal, problemas de clasificación, insuficiencia de programas de reinserción y riesgos de gobernabilidad, enviar internos a otros estados puede disminuir temporalmente la presión, pero no necesariamente corrige ninguna de esas deficiencias.
Si el problema es estructural, mover a las personas no mueve el problema, solamente lo desplaza a otro lugar.
El propio diagnóstico estatal reconoce la necesidad de mejorar infraestructura, seguridad, clasificación, atención de adicciones, capacitación del personal y armonización normativa. Pero desde la opinión personal, es más, un problema de corrupción administrativa, y de operación interna, que de sobrepoblación. Es muy pero muy preocupante, que en el debate público la prisión sea catalogada o vista casi exclusivamente desde la perspectiva de la seguridad.
Por supuesto que el Estado tiene la obligación de impedir fugas, extorsiones, homicidios, corrupción, autogobierno y cualquier forma de operación criminal desde los centros penitenciarios. La CNDH ha identificado precisamente la sobrepoblación, el hacinamiento y el autogobierno como factores que pueden desencadenar violencia dentro de las prisiones.
¿Y en realidad qué se ha hecho para evitar que estos factores eviten la correcta reinserción social.?
Pero combatir esos fenómenos se requiere más planeacion, más orden y más ingerencia del Estsdo y sus instituciones dentro de las cárceles, no simplemente menos internos en ellas.
Se necesita personal suficiente y profesionalizado; inteligencia penitenciaria; clasificación adecuada de internos; separación efectiva de perfiles criminales, atención médica y psicológica, programas efectivos contra las adicciones; educación; capacitación laboral; actividades deportivas; mecanismos efectivos de denuncia, y combate frontal y real ante la corrupción.
El traslado de personas privadas de la libertad fuera de Morelos puede ser legítimo cuando responde a razones concretas de seguridad y cumple rigurosamente con la legislación. Lo que resulta cuestionable es convertirlo en la principal respuesta gubernamental ante una crisis penitenciaria que es mucho más profunda y no es un mecanismo viable como válvula de presión al problema que existe y que es evidente.
Morelos enfrenta una contradicción resl, mientras constitucionalmente la prisión debe servir para lograr la reinserción social, las propias autoridades reconocen sobrepoblación, hacinamiento, actividades ilícitas, deficiencias de clasificación y carencias en los programas destinados a preparar a las personas para regresar a la sociedad.
Parte del problema fundamentalmente es la poca posibilidad de que, a su salida encuentren un trabajo bien remunerado que les permita cambiar su historia de vida. Esa es la parte fundamental en la que la reinserción social en México, ha fallado a lo largo de los años.
Por eso, el verdadero desafío no consiste únicamente en trasladar reos a cárceles de otras entidades. Consiste en recuperar el control institucional de las cárceles de Morelos, garantizar condiciones dignas de internamiento y convertir la reinserción social en una política pública real, que incluso sea medible en la realidad, social, política y de desarrollo de quines logran salir de ese infierno que parece que todos lo conocen, pero lo dejan ahí como en el olvido, por que es como ese mal que existe pero con no voltear a verlo pareciera que se olvida con el trajín de lo cotidiano.
Si para mantener el orden penitenciario Morelos necesita enviar sistemáticamente a sus internos fuera del estado, la discusión pública debería ser mucho más profunda: no estamos frente a un problema de traslado de presos; estamos frente a un problema de capacidad del Estado para administrar su propio sistema penitenciario.
Una prisión segura no es simplemente aquella de la que nadie escapa. Es aquella en la que el Estado mantiene el control, respeta los derechos humanos y consigue que quien cumpla una condena tenga mayores posibilidades de no volver a delinquir.
Y mientras no se atiendan las causas resles, como la sobrepoblación, la deficiente y precaria infraestructura, la corrupción, la eficiente clasificación, la atención de adicciones, la posibilidad de mejor educación, el trabajo y reinserción efectiva, cualquier traslado será solamente una medida temporal para contener una crisis que seguirá esperando una solución de fondo de cara a la propia responsabilidad del Estado.
Ese es mi comentario y nos escuchamos en la siguiente
Muchas Gracias.
