Ya lo he escrito en anteriores columnas, pero hoy ratificaré mi opinión respecto a la prestigiada abogada Evelia Flores Hernández, a quien conozco desde hace décadas. Puedo asegurarles que es una mujer íntegra y eficaz servidora pública, quien jamás ha sido cuestionada por nada. Hoy es directora general del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, mejor conocido por sus siglas SAPAC, donde, la mera verdad, la destacada dama está parada encima de un barril de pólvora o arenas movedizas.
Acompañada por el alcalde José Luis Urióstegui Salgado, Evelia Flores Hernández ofreció ayer una conferencia de prensa donde, con absoluta honestidad, habló en torno a la evidente bancarrota del SAPAC, aunque, sin embargo, garantizó que la ciudad “no está en crisis de abastecimiento, pues hay agua suficiente”. No hay duda sobre ello, estimada abogada, pero el problema del organismo es la operación de todas las fuentes de abastecimiento que, entre muchas otras cosas, necesitan mantenimiento preventivo y correctivo, prevaleciendo una prioridad: sustituir antiguos sistemas de bombeo que un día sí y otro también se descomponen dejando sin el vital elemento a grandes zonas de Cuernavaca.
Según podemos apreciar y hasta pronosticar, tras conocer la realidad financiera del SAPAC, son pocas las opciones para enfrentar la deuda acumulada de la dependencia, la cual asciende a mil millones de pesos. Así fue entregada por la administración anterior de Antonio Villalobos Adán, al también abogado José Luis Urióstegui Salgado quien, junto con Evelia Flores, tiene escaso margen de maniobra para garantizar, lo que se dice garantizar el abasto de agua en Cuernavaca.
Eso de que Cuernavaca «no está en crisis de abastecimiento, porque hay agua suficiente”, es parte del discurso para enviar una señal de optimismo y no de alarma a la ciudadanía. Sin embargo, los números indican algo distinto, que conocen muy a fondo los más antiguos trabajadores del SAPAC, esos que casi a base de milagros buscan satisfacer la demanda de agua.
A continuación, van algunos datos para documentar su optimismo, gentiles lectores.
El SAPAC tiene un padrón de 110 mil 867 usuarios, de los cuales 96 mil 531 cuentas están al corriente de sus pagos. La cartera vencida asciende a 340 millones de pesos lo que se traduce en años de morosidad en el cobro y en el pago. ¡Sopas!
En promedio el adeudo que enfrenta el SAPAC, como ya lo indiqué líneas atrás, es de mil millones de pesos, acumulado desde hace años. De esa cantidad, 400 millones de pesos se le deben al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por concepto de cuotas laborales. El endeudamiento con la Comisión Federal de Electricidad alcanzó ya los 300 millones de pesos. Y a todo lo anterior deben sumarse otros 47 millones de pesos por laudos laborales ejecutoriados, de los que el SAPAC no se podrá escapar.
En concreto: por angas o mangas, el SAPAC está en bancarrota, aunque las autoridades citadinas traten de maquillar su realidad. El Ayuntamiento ahora presidido por José Luis Urióstegui Salgado recibió un muerto, al que difícilmente se resucitará sin el apoyo de diferentes ámbitos. Me refiero a los gobiernos de Morelos y al encabezado a nivel federal por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y oiga, estimado lector: en iguales o peores circunstancias está en su totalidad el gobierno municipal, con deudas que podrían llegar a los tres mil millones de pesos. Por esa y muchas otras causas Urióstegui Salgado se verá presionado sobremanera para la consecución de obras importantes, de nueva infraestructura, de esas que podrían proyectarlo en 2024 a la reelección o a la antesala de la gubernatura. El futuro político de Urióstegui requiere de mucho, muchísimo dinero para fortalecer la funcionalidad orgánica y resultados de la comuna.
Ayer se dijo en la conferencia de prensa:
“Lo recibimos (al SAPAC) casi colapsado (¿casi?), nuestra responsabilidad es buscar todas las formas necesarias para salir adelante. El compromiso básico es que el agua llegue a todas las casas”.
En esta complicada crisis financiera yo pregunto: ¿Irán a servir de algo las auditorías y eventuales denuncias contra ex funcionarios por los malos manejos en el SAPAC? Me parece que no, porque ni siquiera con observaciones y decisiones judiciales resarcitorias podrá recabarse el dinero requerido. Así de que es preferible no excederse en el discurso sobre posibles denuncias, porque todos sabemos a dónde irán a parar: a la enorme montaña de impunidad. Estaremos atentos y después diremos.
