Este lunes debemos hablar de algo que cada 8 de marzo vuelve a recordarnos una verdad incómoda para el poder: miles de mujeres toman las calles para ejercer un derecho político que en una democracia debería ser incuestionable. Participar en los asuntos públicos no se limita a votar; también significa exigir cuentas, cuestionar al poder y señalar cuando el Estado falla. Marchar es, en ese sentido, una forma directa de ciudadanía.
La Constitución mexicana, en su artículo 35, reconoce que la ciudadanía tiene derecho a reunirse y asociarse pacíficamente para participar en los asuntos políticos del país. Ese principio convierte a la protesta social en una expresión legítima de la vida democrática. Cuando las mujeres marchan el 8 de marzo no están pidiendo permiso; están ejerciendo un derecho político.
Ese derecho cobra especial relevancia en un estado como Morelos, donde la violencia contra las mujeres sigue siendo alarmante. En lo que va de 2026 se han registrado 19 feminicidios, mientras que organizaciones de la sociedad civil documentaron 121 durante 2025. Las cifras no son estadísticas frías: detrás de ellas hay nombres y vidas truncadas. Casos como el de Kimberly Joselyn Ramos y el de Karol Toledo, ambas estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, se han convertido en recordatorios dolorosos de las fallas institucionales frente a la violencia feminicida.
En medio de ese contexto, el gobierno de Morelos publicó el 6 de marzo de 2026, en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, un Protocolo de Actuación Policial para Manifestaciones. En el papel se presentó como una herramienta administrativa para regular la actuación policial. Pero publicarlo apenas dos días antes del 8 de marzo no puede leerse como una coincidencia política. Cuando el Estado anuncia cómo controlará las manifestaciones justo antes de que miles de mujeres salgan a marchar, el mensaje es claro: para el gobierno el problema no es la violencia que viven las mujeres, el problema es que las mujeres protesten.
Algo similar ocurrió en el plano nacional. Mientras miles de mujeres marchaban en todo el país para exigir justicia, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en Campo Marte acompañada por integrantes de las Fuerzas Armadas en un acto dedicado a reconocer a mujeres militares. La escena proyectó una imagen política difícil de ignorar: la máxima autoridad civil del país rodeada de uniformes el mismo día en que miles de mujeres denuncian la violencia que el propio Estado no ha logrado detener.
La imagen también envía un mensaje político claro. Mientras las mujeres en las calles reclaman justicia frente a los feminicidios, el poder responde exhibiendo fuerza militar. La señal es inquietante: frente a la exigencia feminista de justicia, el Estado se muestra fuerte; frente a la violencia que asesina mujeres, sigue mostrando debilidad.
A pesar de ese clima político, alrededor de 12 mil mujeres marcharon en Cuernavaca y hubo participación o actos en varios puntos del estado, especialmente en Tepoztlán, Cuautla, Temixco, Jiutepec, Yautepec, Jojutla y en la comunidad universitaria de la UAEM. Salieron a las calles conscientes de algo fundamental: que la democracia no se mide por la comodidad del gobierno, sino por la libertad con la que la ciudadanía puede incomodarlo.
Me despido Teodoro no sin antes desearles que tengas un maravilloso inicio de semana.
