La historia económica es clara: cuando el poder político se concentra sin contrapesos, la inversión se retrae. No es ideología, es lógica. Sin inversión no hay crecimiento; sin crecimiento no se generan empleos formales; y sin empleos bien remunerados, el nivel de vida de la población se deteriora de manera inevitable. Ese es el sendero que hoy transita México.
Las decisiones del actual régimen han ido cerrando espacios a la competencia, debilitando libertades individuales, erosionando la pluralidad política y acotando la libertad de expresión. El resultado natural es un ambiente de desconfianza que se traduce en incertidumbre económica. No sorprende, entonces, que apenas cuatro de cada diez empresarios afiliados a Coparmex consideren que este es un momento adecuado para invertir en el país, según sus propias mediciones internas.
El ánimo empresarial se ve golpeado por varios frentes: la inseguridad persistente, la fragilidad del Estado de derecho, reglas del juego cambiantes y un entorno político donde el partido oficialista no sólo domina, sino que busca eliminar cualquier contrapeso real. La Reforma Electoral propuesta no apunta a perfeccionar la democracia, sino a reducir aún más el ya debilitado peso de la oposición y a garantizar mayorías artificiales rumbo a los comicios de 2027.
La inclusión de la Presidenta en la boleta, con posibilidad de hacer campaña y movilizar recursos, no fortalece la equidad electoral; la distorsiona. Todo ello acompañado de un INE disminuido y de un Poder Judicial diseñado para validar las decisiones del Ejecutivo, no para limitarlo. En ese contexto, la desconfianza no es una percepción: es una reacción racional del capital productivo.
El discurso oficial presenta estas reformas como ejercicios de austeridad, democracia y defensa del pueblo. Sin embargo, detrás del lenguaje populista se esconde un objetivo recurrente en regímenes autoritarios: acumular más poder. No es casualidad que el marco legal que se construye se parezca cada vez más al de países que hoy son considerados ininvertibles, como Venezuela, donde la seguridad jurídica dejó de existir y la economía colapsó.
Mientras tanto, los indicadores laborales reflejan la consecuencia directa de este modelo. En 2025, México apenas generó una fracción mínima de los empleos formales que necesita su población económicamente activa. El vacío lo llena la informalidad: trabajos precarios, mal pagados, sin prestaciones ni futuro. Los programas asistenciales no sustituyen el ingreso digno de un empleo formal; sólo amortiguan temporalmente la precariedad.
Resulta preocupante que la titular del Ejecutivo actúe más como dirigente partidista que como jefa de Estado. La nación enfrenta inseguridad, extorsión, impunidad y estancamiento económico, pero la prioridad parece ser la ingeniería electoral interna y la consolidación del control político. Gobernar exige escuchar voces distintas, no reunirse únicamente con correligionarios que validan decisiones ya tomadas.
México no necesita una reforma electoral para concentrar poder ni la subordinación de los organismos autónomos. Necesita reglas claras, respeto a la ley, instituciones fuertes, libertad económica y política, y un entorno de confianza que incentive la inversión productiva.
Conclusiones…
Primera. La concentración de poder político está deteriorando el clima de inversión en México, lo que se traduce en bajo crecimiento económico, escasa generación de empleo formal y un progresivo empobrecimiento de la población.
Segunda. Sin contrapesos, sin Estado de derecho y sin instituciones autónomas fuertes, el país avanza hacia un modelo autoritario que prioriza la permanencia en el poder sobre el bienestar económico y social de los ciudadanos.
Aquí les dejamos el texto para reflexionar de la semana.
