• El secretario del Ayuntamiento Carlos de la Rosa confirmó que el plazo concedido para regularizarse de estos comerciantes en vía pública se terminó; se asegura mercancía y retiran puestos irregulares
Tras concluir el lapso perentorio de la campaña de descuentos en el pago de los refrendos de hasta un 95 por ciento a comerciantes en la vía pública, el secretario del Ayuntamiento de Cuernavaca, Carlos de la Rosa Segura, confirmó que continuarán con el retiro de todos aquellos comerciantes en vía pública que no cumplan con los requisitos establecidos por ley, toda vez que se les dio el tiempo suficiente y todas las facilidades para regularizarse y la respuesta fue de omisión al llamado de la autoridad.
En entrevista, Carlos de la Rosa precisó que serán retirados todos aquellos comercios en la vía pública que no acrediten los cinco años de antigüedad, el pago del año corriente, que no cumplan con la normatividad en cuanto a sus espacios a donde les fue permitido ubicarse y aquellos que ocupen más del espacio que es de un metro por 80.
Indicó que al comienzo de la presente la administración municipal se recopiló un padrón de mil 300 comerciantes en vía pública, el cual aumentó sin justificación a mil 600 y si bien una de las organizaciones en específico, Nuevo Grupo Sindical, presentó más de 462 expedientes con documentos apócrifos y pagos por permisos que no correspondían a la vía pública, por lo que ya iniciaron las denuncias correspondientes y las quejas a Contraloría.
Recordó que fue un acuerdo establecido desde el año pasado con líderes y representantes de comerciantes ambulantes, quienes al sostener distintas reuniones con autoridades municipales habían acordado alinearse, otorgándoles el municipio las opciones necesarias para poner orden en la ciudad.
Finalmente, el secretario del Ayuntamiento aclaró que la participación de la Guardia Nacional y la Secretaría de Protección y auxilio Ciudadano (SEPRAC) en los operativos, es en razón de privilegiar el orden, salvaguardar la seguridad de la población y también del personal operativo de la Dirección de Normatividad que en días pasados fueron objeto de amenazas y agresiones por parte de algunos comerciantes, con el cobijo de su organización sindical.
