Las experiencias del nuevo modelo de fiscalías autónomas largamente deseadas para atacar la crisis de impunidad en el país son frustrantes. Su corta andadura —aunque sería mejor hablar en plural por su heterogeneidad en los estados— ha resultado un sueño perturbador con miedo a regresar a la vigilia de ministerios públicos que no sirven a la gente para acceder a la justicia, sino a otros poderes para la corrupción o el litigio político.
Desde la FGR y más de una veintena de estados se han colgado ese membrete en sus cabezales, pero sin plena autonomía para resistir la infiltración de poderes formal o informales. Las fiscalías conservan el mismo cascarón de estructuras y equipos con que funcionaban subordinadas a los ejecutivos. Al cabo de un sexenio tenemos órganos mal edificados contra violencia y crimen, confrontados directamente con los gobiernos o los congresos, y vulnerables a servir a vendettas políticas como la que cerró el pasado a Ernestina Godoy en la CDMX o la de Gertz Manero que la usó para venganzas personales.
Pero el sinsabor que dejan en los estados, gobernados por partidos distintos, es palmario. La reforma que en 2018 dio paso al nuevo modelo de fiscalías, autónomas, con personalidad jurídica y patrimonio propio, no ha logrado cambiar su funcionamiento, ni sus fines para asegurar una procuración de justicia imparcial y eficaz; muchos menos el propósito central de homologar su naturaleza jurídica en las entidades, donde siguen dependiendo de gobernadores o se echan en brazos de los partidos en los congresos cuando de ellos depende la ratificación.
Las reformas integrales que prometidas a sus estructuras nunca llegaron, ni los presupuestos para reconvertirlas. No sólo faltaron asideros legales para sostener su autonomía, también mecanismos para la idoneidad de perfiles, comités independientes de designaciones y servicios profesionales de carrera para liberar la movilidad laboral del terreno político. La prisa para legislar al vapor sin reformas constitucionales ha dejado una simulación de fiscalías salpicadas por escándalos e ineficacias como sucede en varias Entidades Federativas y otras tantas señaladas de corrupción y hasta vínculos con el crimen organizado.
¿De cuántas puede decirse que lograron consolidarse y abatir la impunidad? ¿En cuales se transformaron los viejos enfoques autoritarios y políticos de la justicia?
Cómo pretender refundar órganos con autonomía política con las mismas estructuras y perfiles burocráticos que antes cerraron el paso a la justicia.
La lista de escándalos e ineficacia es larga, y nos ahorraremos hoy los ejemplos, que seguramente ya los conoce la opinión pública; pero todo ello ha sido irrelevante para seguir en el cargo a quienes se les ha señalado de todos esos vicios.
Ha habido también denuncias preocupantes reveladas por filtraciones de Guacamaya Leaks de tres fiscales considerados no confiables en archivos de Sedena, casos: Querétaro; Colima y Aguascalientes; habiendo actualmente un ex fiscal detenido por secuestro y desaparición de personas.
La relación no es exhaustiva, pero dibuja el fracaso de un modelo de autonomía simulada y parches a una justicia que no logra enfocarse en las víctimas y romper con lógica política. Ése es el mayor reto para el próximo gobierno.
Así que si quienes se quejan de que hoy el acceso a la Justicia no es lo que los ciudadanos esperamos, empecemos a voltear a ver esas Fiscalías que hoy por hoy, le están dejando a deber mucho a la sociedad agraviada por múltiples crímenes que quedan en la impunidad; y si a esto le sumamos la deficiente y a veces nula acción de los cuerpos de seguridad, sean policías estatales, municipales o Guardia Nacional, pues entonces tenemos el caldo de cultivo perfecto para lo que hoy no solo vivimos, sino parecemos en México, un alto grado de impunidad, permeada de corrupción en todos los niveles de la prevención del delito y la procuración de justicia.
