Los eventos recientes han desnudado una verdad que durante años se intentó matizar con retórica: el crimen organizado no solo desafía a la autoridad, hoy tiene la capacidad de secuestrar la vida cotidiana de regiones enteras. Esta realidad fulmina cualquier intento de deslindar al Gobierno de su responsabilidad elemental: el monopolio de la fuerza y la salvaguarda de la paz.
No estamos ante un simple problema de delincuencia, sino ante un asedio directo a la viabilidad misma del Estado mexicano.
Durante décadas, México osciló entre dos visiones que hoy lucen anacrónicas:
- La gestión del caos: Aquella que apostaba por una negociación tácita bajo el supuesto de que el poder central podía imponer reglas. Ese país ya no existe. Hoy las organizaciones no son monolitos negociables; son hidras fragmentadas que viven de la extorsión, la trata y el despojo. Intentar «administrar» este fenómeno con esquemas del pasado es, en el mejor de los casos, ingenuidad; en el peor, complicidad.
- El determinismo social: La tesis de que la exclusión es el único motor del crimen. Si bien la justicia social es un imperativo ético, suponer que los programas sociales sustituyen la aplicación de la ley ha sido un error de cálculo costoso. En el vacío dejado por la falta de contención, el crimen no se disolvió; se expandió, aprovechando la ausencia de autoridad para fortalecer redes de intimidación que hoy asfixian a la ciudadanía.
El dilema nacional por supuesto que ya no es si se debe combatir al crimen, sino cómo hacerlo con inteligencia. La historia nos enseña que descabezar liderazgos para la foto, sin desmantelar estructuras financieras ni operativas, solo fragmenta el mal y multiplica la violencia.
La verdadera batalla no se libra en operativos mediáticos, sino en los sótanos de la institucionalidad, de manera que advertimos que la ruta a seguir debiera ser, conforme a los siguientes pasos:
- Inteligencia financiera que asfixie el flujo de dinero.
- Ministerios Públicos que dejen de ser fábricas de impunidad.
- Policías profesionales con capacidad de control territorial permanente.
Dicho lo anterior, podemos afirmar que La soberanía no se proclama, se ejerce. Un Estado se define por su capacidad de proteger a los suyos. Cuando un grupo criminal bloquea una carretera, impone un toque de queda o castiga a un comerciante, lo que estamos viendo es la erosión de nuestra soberanía interna.
Es hora de abandonar la autocomplacencia de las estadísticas aisladas y los discursos triunfalistas. El éxito de una política de seguridad no se mide en decomisos ni en capturas de alto impacto, sino en un indicador mucho más sencillo y humano: la libertad.
El Estado habrá cumplido su misión el día en que un ciudadano pueda abrir su negocio, transitar por una carretera o enviar a sus hijos a la escuela sin que el miedo sea el que dicte sus pasos. Cualquier otra métrica es, sencillamente, una distracción.
