Toda la ciudadanía tiene derecho a la impartición de justicia, en eso consiste precisamente la tutela judicial efectiva establecida en el artículo 17 Constitucional; pero, no hay que perder de vista que los derechos exigen y que también las obligaciones deben cumplirse, en este contexto vale la pena preguntarse ¿Conoces en que consiste este derecho fundamental de las personas?
El numeral 17 de la constitución federal señala que, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.
La Constitución distribuye el poder estatal con los derechos fundamentales de las personas y sobre todo con su protección frente a unos o a todos los depositarios del poder, tal y como lo describió Karl Loewenstein en su obra Teoría de la Constitución.
Por otra parte, es importante señalar que las acciones de garantía constitucional son instrumentos del derecho procesal constitucional, mismas que otorgan a cada ciudadano la posibilidad de acudir ante la autoridad competente y de esta manera solicitar el respeto de los derechos que la propia constitución consagra a favor de la ciudadanía. En otras palabras, esto quiere decir que todas las personas son sujetas de derecho y que podrán acudir a estas acciones constitucionales con el objeto de obtener la protección ante una eventual vulneración de aquellos derechos que son susceptibles de ser protegidos a través de estos instrumentos de vigencia y protección constitucional.
La igualdad entre las partes nunca debe ser afectada, así como el debido proceso y otros derechos en los juicios o procedimientos en forma de juicio, así también las autoridades deben siempre privilegiar la solución del conflicto a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias y que en materia penal deben regular su aplicación, asegurar la reparación del daño y establecer los casos en los que se requiera la supervisión judicial.
Por último, la ciudadanía también tiene derecho a la defensoría pública de calidad en todo proceso judicial. Lo descrito refiere al significado de un debido proceso al que se tiene derecho y que es un concepto moderno íntimamente referido a la validez y legitimidad de un proceso judicial que debe llevarse ante un Tribunal independiente y con plena autonomía para la ejecución de sus resoluciones.
