Ya surgió la primera confrontación directa entre Cuauhtémoc Blanco y el Congreso del Estado. El gobernador que, como cualquier otro ser humano exige respeto a su derecho a jugar golf mientras las crisis de seguridad, sanitaria y económica azotan a la entidad morelense, se lanzó contra los diputados que aprobaron la desaparición de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF). Considera que fue un error y fustiga a los legisladores que fueron presidentes municipales, señalando que la quieren para tapar los hoyos de sus respetivas administraciones.
El gobernador formal de Morelos, cuya administración ha sido calificada a lo largo de sus tres años como una de las peores entre todas las entidades federativas -vea usted para constatarlo cualquiera de las encuestas al respecto y los datos públicos, proporcionados por instituciones como el INEGI y el CONEVAL- quien ha tenido acceso miles de millones más de presupuesto que sus antecesores en el cargo, sin que ello se traduzca en avances de ningún tipo, tiene razón cuando advierte que no se puede permitir que la corrupción continúe en los municipios.
Pero se queda corto, no debería permitirse corrupción en ningún lado, incluyendo el gobierno estatal. Para Blanco, afecto a colgarse de las acciones del gobierno federal, en un vano intento por aliviar un poco la pésima imagen pública que ha generado, no por iniciativa propia, sino por sugerencia del descafeinado equipo de comunicación y asesoría que lo rodea, los exdiputados, hasta hace unos meses alcaldes, pretenden evitar que se lleven a cabo auditorías a las administraciones que ellos encabezaron.
Sin embargo, no dice nada de las auditorías e investigaciones que deberían realizarse a su gestión, e indagar a fondo lo que sucedió con las millonarias transferencias de recursos al extranjero y los pagos a proveedores de distinto tipo relacionados con su círculo más cercano. A la vez, también omite mencionar que la prioridad de América López, al frente de la ESAF, en contubernio con el ahora miembro del gabinete, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, y de la entonces presidenta de la Comisión de Hacienda, Rosalina Mazari Espín, fue proteger al gobierno estatal y a los alcaldes de sus grupos políticos. Tampoco dice que, en complicidad con los legisladores que estuvieron a su servicio se cometieron una larga lista de irregularidades para la asignación y el manejo del presupuesto, tal como ha quedado claro y demostrado, tras las sentencias que pronunció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismas que, como lo calcularon, quedarán en la impunidad, cuando por lo menos deberían llevar a la inhabilitación de los responsables para ocupar cargos públicos. Al contrario, los premios al contubernio, como el de José Luis Galindo Cortés en una secretaría de despacho, la diputación plurinominal de Mirna Zavala Zúñiga y la intención de que permaneciera en el cargo América López, lo ponen en evidencia.
Muy difícil la situación, ya que en efecto la corrupción continúa y los actuales diputados, exalcaldes, sí parecen tener tanto miedo como “el Cuau” a ser investigados por el manejo de los recursos públicos. En ello, parece que, el jugador aficionado del golf sólo ve la paja en el ojo ajeno.
Podríamos decir: ni a quién irle.
Y para iniciados
Los efectos de la migración hacia los Estados Unidos, su plan para evitar que lleguen a su territorio, apoyado por López Obrador, comienzan a hacerse visibles en diferentes entidades, como en Morelos. Cada vez es más usual encontrar en las calles a familias enteras que se vieron forzadas a buscar un mejor futuro porque en sus países no tienen condiciones mínimas para subsistir. El problema es que están viniendo a parar a otros lados que tampoco las tienen. ¿Qué espera los migrantes y a los morelenses cuando la economía, la seguridad y la salud no da para unos ni para otros?
¡Que tenga un excelente día!
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