Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hace un llamado a los jueces: actuar con prudencia pero sin cobardía.
Por otra parte ha trascendido, así lo documenta La Jornada, que “la Fiscalía General de la República integra carpetas de investigación por delitos contra la administración de la justicia contra los jueces federales Gustavo Aquiles Villaseñor, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, Roberto Omar Paredes Gorostieta y Femat, así como Faustino Gutiérrez Pérez, por haber emitido resoluciones en favor de imputados como Rosario Robles Berlanga, Ramón Sosamontes, cuatro abogados señalados de incurrir en tráfico de influencias en colaboración con el ex consejero jurídico del Poder Ejecutivo federal Julio Scherer Ibarra y el ex gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca”.
En su reunión con juzgadores la también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, indicó que “se tiene una doble responsabilidad: primero con la familia, porque lo que hacen como figuras públicas repercute en ella, y segundo con el Poder Judicial de la Federación, porque al estar en el foco de atención, lo que haga uno repercute en todos, de ahí que los exhortó a la unidad”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, en reciente conferencia de prensa, descalificó el desempeño de la Corte a partir de la llegada de Piña a la presidencia; fue directo: “ahora que llegó, la nueva ministra declara, en un formalismo extremo, como si fueran omnímodos los jueces, que son autónomos, que pueden hacer lo que quieran”.
La confrontación entre poderes, Ejecutivo y Judicial, tiene un trasfondo: el análisis sobre la constitucionalidad del paquete de normas que conforman el Plan B Electoral. La Fiscalía General de la República está en medio, desafortunadamente con una clara actitud de parcialidad y sometimiento hacia el mandatario nacional. Hacemos votos para que solo el criterio jurídico prevalezca en el análisis sobre la constitucionalidad de esas normas y su proceso de creación.
