En lo que representa uno de los golpes judiciales más significativos contra la estructura política de Sinaloa, el Gobierno de Estados Unidos presentó este miércoles cargos formales contra el gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza, señalándolos de conspirar directamente con el crimen organizado.
El Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, junto al director de la DEA, revelaron una investigación que apunta a una compleja red de corrupción. Según el expediente, un grupo de altos funcionarios sinaloenses habría colaborado con líderes del Cártel de Sinaloa para facilitar la importación masiva de narcóticos a territorio estadounidense, recibiendo a cambio cuantiosos sobornos y respaldo político para consolidarse en el poder.
La gravedad de las acusaciones sitúa al gobernador Rocha Moya y al senador (y exsecretario general) Inzunza en una posición legal crítica. Ambos enfrentan cargos por:
Conspiración para la importación de narcóticos.
Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos.
Conspiración para poseer dicho armamento.
«Estos delitos conllevan una pena mínima de 40 años de prisión, y dada la magnitud de la conspiración, la fiscalía podría buscar la cadena perpetua», señalaron las autoridades estadounidenses durante el anuncio.
La acusación no se limita a la cúpula estatal; alcanza a los pilares de las finanzas y la seguridad en Sinaloa. La lista de funcionarios señalados, quienes enfrentan los mismos cargos y posibles condenas, incluye a el exsecretario de Administración y Finanzas del Estado, Enrique Díaz Vega; el fiscal adjunto de la Fiscalía estatal, Dámaso Castro Saavedra; los exjefes de la policía de investigación Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez; el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez; el exsubdirector de la policía del Estado, José Antonio Dionisio Hipólito; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; y el excomandante de alto rango de la policía municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Milán.
Este anuncio marca un punto de inflexión en la relación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad. La implicación de un gobernador en funciones y un senador activo sugiere una infiltración profunda del narcotráfico en las instituciones democráticas del estado, lo que pone bajo la lupa la estrategia de seguridad actual y la integridad del sistema político en la región.
Hasta el momento, las oficinas de los señalados no han emitido una postura oficial ante las graves acusaciones vertidas desde Nueva York.
