Nada más grave que generar adecuaciones a las leyes o estatutos que estorban o limitan las aspiraciones personales o de grupo; una reforma a las normas que nos rigen deben tener como objetivo principal la protección de derechos y el beneficio general.
En anteriores entregas nos referimos a los cambios que se propiciaron en los partidos políticos, Revolucionario Institucional y Movimiento de Regeneración Nacional, para prorrogar los mandatos de sus dirigencias nacionales. En ambos casos las reformas fueron impugnadas y corresponderá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinar su validez.
Nuestra democracia ha avanzado al otorgar garantías de representación a las minorías que por diversas circunstancias han sido relegadas históricamente; si bien es cierto la figura de las curules plurinominales abrió la puerta a los partidos nacientes o de pequeña representación, en esos espacios normalmente aparecían solamente sus dirigencias.
En fechas más recientes, desde el aparato Legislativo, se generó un paso importante, que nació desde la lucha social de varias décadas, para asegurar espacios a grupos vulnerables y sin representación formal en las cámaras; nos referimos a las denominadas acciones afirmativas.
La molestia de las dirigencias partidistas ante las sentencias, inatacables, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sin entender que son consecuencia de faltas a las normas, leyes y reglamentos internos, ha llevado ahora a una propuesta de reforma Constitucional que busca acotar las facultades de los magistrados.
Todo avanzaba en ese sentido, hasta que un grupo de 90 diputados, de varios partidos políticos, en una carta dirigida a la Junta de Coordinación Política, sostienen que el proyecto pone en riesgo los derechos político electorales de grupos vulnerables como mujeres, indígenas, personas con discapacidad, comunidad LGBT+ y migrantes, entre otros.
Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en su análisis la revisión de la constitucionalidad del llamado Plan B electoral y ahora varios legisladores buscan acotar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial Electoral bajo argumentos que desde nuestra perspectiva, solo demuestran estar incómodos porque se les obliga al cumplimiento de las leyes generales y sus propias normas.
