El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó, el día de ayer, declarar procedente una controversia constitucional en contra de la reforma al Poder Judicial.
Esto significa que ocho de los once ministros que componen actualmente la Corteconcuerdan en someter al análisis si la reforma constitucional -recién aprobada, promulgada y en vigor- afecta la autonomía de los órganos judiciales, la independencia de sus miembros y el principio de la división de poderes.
El resultado del análisis podría tener tres conclusiones: Uno, se acepta la constitucionalidad de la reforma. Dos, se declara inconstitucional y, tres, se declara constitucional, pero se le hacen ajustes para evitar y corregir el que sean violados los principios republicanos, bajo los que fue concebida la Constitución de 1917, producto de la Revolución Mexicana.
La propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá se fundamentó en elprimer párrafo del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el que se establece que el Pleno del Tribunal debe velar por la independencia de los órganos e integrantes de la judicatura federal, mismo que, junto con la fracción XVII del mismoordenamiento, otorga al Pleno la facultad de conocer y dirimir cualquier controversia suscitada en el Poder Judicial de la Federación y, por tanto, “considerar que la petición sí puede ser admitida y procesada”.
La discusión entre los ministros que votaron a favor fue profunda y amplia, sobre las consideraciones de la petición, los alcances de sus facultades y las obligaciones que las leyes les imponen. Las tres ministras que se opusieron -Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres- dijeron que las disposiciones aducidas, correspondientes a la Ley Orgánica,simplemente no procedían, sin argumentar el por qué se negaban a siquiera someter al análisis la petición y, en concreto, demandaron que fuera desechada y punto.
A las tres ministras que se opusieron a dar por válidos los fundamentos y motivaciones de la controversia, los otros ocho ministros respondieron que con la admisión de este recurso no se pretende juzgar ni prejuzgar sobre lo fundado o no de los argumentos expuestos por sus promoventes, sino someterla a escrutinio, a control constitucional. Para eso, resulta necesario, una vez revisada la forma, estudiar el fondo del asunto.
La ministra Lenia Batres acusó a los ministros de intentar un “golpe de Estado”, y, para ello, valerse de una “rebuscada y absurda interpretación de una facultad prevista en su Ley Orgánica”. En concreto, negó la validez de las normas vigentes.
En respuesta al cuestionamiento sobre que nunca se había resuelto de esta manera, la ministra Margarita Ríos Farjat planteó que, dado el momento histórico que vive la Nación, el mismo resulta propicio para enriquecer el derecho constitucional mexicano con mayores y más amplios debates, pues “si antes no se habían presentado estas consultas o estos debates, es porque antes no se había llevado una reforma como la que se llevó a cabo en este país el mes pasado”.
Independientemente del resultado de la consulta, de la sentencia, producto de las deliberaciones en la Corte, y de que el Ejecutivo lo acate o no, ya el hecho de que el Tribunal realice un análisis a fondo de la reforma, que debieron hacer las Legislaturas que la aprobaron y no lo hicieron, será de utilidad para tener mayor claridad sobre el terreno constitucional que pisamos y el camino que pueda tomar lo que todavía tenemos considerado como una República.
Y para iniciados:
Apenas inició el proceso formal de entrega/recepción de la administración pública estatal y ya comenzaron a salir los trapitos al sol. Los señalamientos sobre posibles irregularidades, abuso de poder, omisiones, desvío de recursos públicos y una larga lista más, son motivo más que suficiente para estar muy atentos a los resultados de las auditorías que habrán de practicarse y a las denuncias que se presenten contra funcionarios del gobierno que acaba de terminar. A esos exfuncionarios, quizá les convenga más no irse todavía de Morelos, ya que tendrán que gastar en trasladarse para atender los requerimientos administrativos, y puede que penales, a los que haya lugar.
La información es PODER!!!
