*La propuesta busca facilitar que los expertos pongan al servicio de la sociedad sus habilidades y conocimientos
El diputado Arturo Pérez Flores, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto para solventar una ambigüedad jurídica entre la Ley sobre el Ejercicio de las Profesiones en el Estado de Morelos y la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, que limita a los peritos para poner al servicio de la sociedad sus habilidades y conocimientos.
Con su propuesta, “el pueblo de Morelos tendrá la seguridad de que los profesionales en su materia contarán con el perfil idóneo para desempeñar su labor, que, dicho sea de paso, es muy importante, de mucha seriedad y de utilidad”.
Agregó que, los peritos participan en litigios aportando su conocimiento para un juicio justo y objetivo; ellos son los que realizan dictámenes aplicando técnica, metodología y ciencia. Por eso es de vital importancia su labor en nuestra sociedad y que sean tomados en cuenta por las instancias gubernamentales.
Explicó que la Ley sobre el Ejercicio de las Profesiones en la entidad en la fracción X de su artículo 46 establece que los colegios deberán “Proponer a las autoridades competentes la lista de profesionistas para los peritajes”.
En tanto, el inciso o) del artículo 50 de la Ley Reglamentaria señala entre los propósitos de los Colegios de Profesionistas “Formar Listas de peritos profesionales, por especialidades, que serán las únicas que sirvan oficialmente”.
Ante esa discrepancia “esta Iniciativa enlaza los conceptos para armonizar y dar certeza jurídica a los Colegios de Profesionales para que en el ámbito de su competencia cuenten con los mecanismos legales necesarios para la justa aplicación de una normatividad y los peritos en la materia pongan al servicio de la sociedad sus habilidades y conocimientos”, explicó.
El legislador precisó que su iniciativa es resultado una mesa de trabajo que sostuvo el 8 de febrero pasado con la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionales del Estado de Morelos, en la que destacó la divergencia entre los ordenamientos jurídicos antes citados.
“Soy de la misma opinión que la FCAP en que deben tomarse en cuenta a los profesionales de las asociaciones para que estas organizaciones emitan listas oficiales de peritos y que también sean tomados en cuenta por las instancias gubernamentales para realizar los peritajes”.
