ESAF: LA DISCORDIA (III y última)
En la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), durante la “Era Casamata”, de igual manera hubo casos especiales de fiscalización y hechos concretos delicados que fueron encomendados en su dirección y supervisión a algunos profesionales del ramo de las auditorías y fiscalización públicas. De estos trabajos especiales se obtuvieron resultados que ameritaban correcciones importantes a las cifras de las Cuentas Públicas, recuperaciones cuantiosas, resarcimientos millonarios al patrimonio institucional de los fiscalizados; fincamiento de responsabilidades a servidores públicos de primeros niveles; el inicio de procedimientos presuntamente de responsabilidad civil y penal; y otros que, habiéndose detectado, corroborado, documentado y sustentado legal y técnicamente, nunca fueron incorporados a los pliegos de observaciones ni notificados a los servidores públicos en presunción de responsabilidades.
Lo anterior, que avisaba de irregularidades graves en los procesos fiscalizadores y de presuntos casos de corrupción en la Auditoría Superior Gubernamental, generó el rompimiento de Gerardo Casamata con varios de esos profesionales, a quienes Casamata intimidó, vejó y persiguió hasta lograr su expulsión, con excepción del C.P. Eduardo Bonilla, quien se sostuvo confiado en la Ley y a quien por esta razón aisló totalmente de sus funciones, lo agredió y demandó absurdamente por investigar casos de corrupción que Casamata había encubierto.
Fueron varios los expedientes que bajo la dirección y supervisión de Eduardo Bonilla se detectaron, con muchos millones de pesos por reintegrar a la Hacienda Pública ante la indiferencia de Casamata.
Pasaron los años y así llegamos a enero de 2010, cuando Casamata se metió en un berenjenal al cesar a alrededor de 22 funcionarios de diferente rango, en ese momento adscritos a la ya denominada Auditoría Superior de Fiscalización (ASF). Pero recuerden que todo tiene precedentes y el surgimiento del multicitado ente fiscalizador partió de la ilegitimidad y vicios ocultos en el Congreso local. El problema data desde la creación del que debería ser un auténtico instrumento de fiscalización a la forma en que son empleados los recursos públicos, y no un “elefante blanco” al servicio del mejor postor.
La salida de esos 22 servidores públicos de diferente rango liberó espacios destinados a una nueva generación de incondicionales afines al grupo parlamentario dominante entonces en el Congreso: el del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Así se pagarían los compromisos adquiridos por determinados diputados priístas durante la campaña preelectoral de 2009.
Nadie ignora que la decisión de remover a esa pléyade de servidores públicos no fue asumida unilateralmente por el auditor Casamata, sino acatando las directrices de la bancada priísta, desde luego en acuerdo con otros coordinadores de grupos parlamentarios. Al titular de la ASF le convenía acatar esos mandatos, pues de ello dependió su permanencia en el cargo hasta octubre de 2012.
LA VERDADERA ESENCIA DEL ENTE FISCALIZADOR
Fuera máscaras: la Auditoría Superior de Fiscalización no preservó jamás los intereses de la sociedad morelense, sino los de la partidocracia siempre prevaleciente en el Congreso local.
Ni como Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización se han cumplido las premisas marcadas por su ley orgánica, derivada del marco constitucional morelense: autonomía técnica y política, objetividad e imparcialidad, ser garante de que los recursos públicos sean gastados legal, eficiente y honestamente por servidores públicos de los niveles de gobierno fiscalizados, etcétera. Asimismo, la ESAF tampoco ha procedido en contra de los funcionarios infractores, ello como elemento esencial en el combate a la corrupción y la impunidad que han lacerado durante décadas a la sociedad.
Por eso, en tiempos recientes, se ha mencionado en el Congreso local la necesidad de extinguir la ESAF, a fin de darle paso a una nueva institución, pero no hay ningún avance en tal sentido y sí una especie de consulta con determinados actores de la sociedad civil, a fin de conocer su criterio respecto al perfil de quien debería ser su nuevo titular. Habrá que verlo, porque los promotores de la idea se localizan dentro del multicitado Congreso local, donde prevalecen solo los intereses políticos y partidistas. Los de la sociedad siempre son hechos a un lado. Estaremos atentos y luego diremos.
