El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre la detención con fines de extradición de Roberto Salazar Toledo y/o Alejandro Salazar Toledo, “El Gordo Jr.,” quien era buscado por los Marshals de Estados Unidos, acusado de asesinato y distribución de drogas.
De acuerdo con la información de las autoridades, en seguimiento a líneas de investigación, se obtuvo la zona de movilidad de Roberto “N”, en la colonia Paraíso en Cuernavaca, donde tras efectuar vigilancias fijas y móviles se ubicó a un sujeto que coincidía con las características de los reportes.
“Los efectivos identificaron al hombre, se le aproximaron, corroboraron su identidad y cumplimentaron la orden de aprehensión con fines de extradición. Dicho sujeto cuenta con orden de arresto en los Estados Unidos por conspiración de organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado y conspiración para distribuir base de cocaína en forma de crack, metanfetamina, cocaína y heroína”.
Al momento de su detención le hallaron cuatro dosis de marihuana y cuatro dosis con pastillas de color azul.
La oficina de US Marshals ofrecía 25 mil dólares de recompensa por su localización; en la ficha aparece como uno de los delincuentes más buscados y es acusado de asesinato de un ayudante de esa oficina y por violar la ley federal de Estados Unidos que combate el crimen organizado, RICO, por sus siglas en inglés.
Asimismo se le ubica como una persona “peligrosa y armada”, así como de formar parte de bandas callejeras; los hechos refieren que es culpable de haber disparado y dado muerte a un oficial en 2008 en la ciudad de Los Ángeles, California.
El operativo de rastreo detención fue desarrollado por autoridades federales en el que participaron agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN).
Roberto “N” de 38 años de edad, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación legal.
