En un despliegue de fuerzas federales realizado durante la madrugada de este jueves, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, la Marina, la Sedena y la Guardia Nacional, detuvieron en sus domicilios a Antonio Domínguez Aragón exalcalde de Ayala (2016 – 2018) y quien se desempeñó como secretario de ese ayuntamiento en el periodo 2019 – 2021, Roberto Santos Urzúa.
Antonio Domínguez Aragón también fue diputado local (2009 – 2012) por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y presidente de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (Asurco).
La investigación federal apunta a que las acusaciones en su contra derivan precisamente de su gestión en este último cargo al frente de Asurco, que es una asociación civil campesina formada por ejidatarios y agricultores del estado de Morelos. Se encarga de administrar, conservar y distribuir los volúmenes de agua del Río Cuautla y sus afluentes para fines exclusivamente agrícolas.
Se ha señalado que la captura del político priista responde a información aportada a la FGR por el testigo colaborador Homero Figueroa, alias “La Tripa”, recientemente detenido en Puebla.
Testigos detectaron el arribo de las fuerzas federales a la cabecera municipal de Ayala; las detenciones se realizaron en los domicilios particulares de ambos ex servidores públicos y fueron trasladados a las oficinas de la FGR de Cuernavaca para la certificación médica correspondiente.
Fuentes cercanas al caso prevén que en las próximas horas ambos detenidos serán transferidos a Matamoros, Tamaulipas, debido a que la orden de captura fue emitida por un juez federal adscrito a dicha demarcación.
Aunque la FGR no ha emitido el comunicado oficial, las versiones del caso ligan esta captura con las investigaciones del denominado Operativo Enjambre, una estrategia federal y estatal dirigida a desarticular las redes de servidores y exservidores públicos vinculados a células delictivas en la región.
Antecedentes: El atentado de 2021
Esta detención ocurre cinco años después de que Domínguez Aragón estuviera en el ojo público por motivos de seguridad. En mayo de 2021, mientras competía como candidato a la diputación federal por el tercer distrito, denunció un atentado en su contra. En aquella ocasión, dos sujetos a bordo de una motoneta dispararon en siete ocasiones contra la fachada e interior de su vivienda mientras él se encontraba con su esposa e hijos menores de edad.
Roberto Santos Urzúa, fue secretario del ayuntamiento durante el primer periodo del alcalde Isaac Pimentel Mejía (2010 – 2021), quien logró la reelección inmediata y actualmente es el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos como diputado de Morena.
En el marco de la «Operación Enjambre» vinculada a Morelos, la Fiscalía General de la República (FGR) ha obtenido la colaboración de los siguientes personajes clave para desmantelar redes de narcopolítica en esta entidad:
- Arisbel Rubí Vázquez Amaro: Excandidata a la presidencia municipal de Atlatlahucan y operadora política, acusada de ser autora intelectual de dos asesinatos de dos ex alcaldes de la región oriente; se encuentra bajo resguardo federal y podría aportar información sensible de actores políticos de la zona.
- Homero Figueroa Meza, alias «La Tripa»: Presunto líder criminal, quien se acogió al criterio de oportunidad para detallar nexos entre actores políticos y grupos delictivos, incluyendo el caso de una polémica fotografía donde aparece junto al exgobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.
Con este arresto, la lista de políticos alcanzados por la justicia en Morelos sigue creciendo. Entre los exfuncionarios y alcaldes que actualmente enfrentan procesos similares se encuentran Jesús Corona Damián, exalcalde de Cuautla y Agustín Toledano Amaro, alcalde de Atlatlahucan, ambos destituidos de sus cargos este miércoles 24 de julio por votación del Congreso de Morelos.
Se espera que en el transcurso del día la Fiscalía General de la República emita el posicionamiento oficial para detallar la situación jurídica del imputado y confirmar los delitos específicos que se le imputan.
