En un trabajo de investigación periodística del portal “Zona Franca” de Guanajuato, se denuncia el preocupante “desplazamiento forzado” de periodistas y defensoras de derechos humanos como consecuencia del burocratismo gubernamental estatal.
A ello, es de agregarse, con cifras de finales de 2023, que Guanajuato se mantiene posicionado con el primer lugar de las entidades más violentas, en donde se han acumulado 3 mil 29 homicidios dolosos, según el compilado realizado por TResearch – líder en investigación-, con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al 16 de diciembre pròximo pasado.
Consideramos que es nuestra tarea, como siempre la hemos cumplido, difundir estas informaciones que por sí mismas son denuncias públicas, con el propósito de hacer conciencia en la opinión pública nacional e internacional para que sirva como un acicate para la actuación correpondiente de las autoridades en respuestas a las mismas.
En la nota que firman las colegas, Alfonsina Ávila y Gaby Montejano, nos dan a conocer que “‘la “reubicación temporal’ es el término acuñado por la estructura gubernamental del estado de Guanajuato para referirse al desplazamiento forzado como la medida de protección máxima para un periodista o defensor de derechos humanos, que recurre a la protección del Estado cuando se sabe que está en riesgo”.
El problema -agregan-, es que la legislación local sólo atribuye al Consejo Estatal de Protección una función de evaluación y enlace de las peticiones de protección que, al ser aprobadas, se dirigen al Mecanismo Federal de Protección quien es el que define y ejecuta las medidas.
Es un camino burocrático”, nosotros agregamos que además tortuoso por ineficaz, “que mantiene a las víctimas en una incertidumbre adicional a la que ya sufren, al estar en condiciones de riesgo y vulnerabilidad”.
Además, las reporteras también denuncian que “el estado de Guanajuato no cuenta con estudios oficiales sobre el desplazamiento forzado interno que se registra como consecuencia de la violencia que la entidad padece desde 2017. Sólo desde la sociedad civil se han producido investigaciones al respecto, concretamente en el ámbito de la protección a periodistas y defensores de derechos humanos, además de informes realizados por instancias nacionales, pero no con datos concretos”.
“Así lo evidenció”, precisan, “la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, UPMRIP, de la Secretaría de Gobernación en el Diagnóstico de la Movilidad Humana en Guanajuato, al dedicar un capítulo a este fenómeno de forma general y en el contexto de violencia criminal que la entidad padece desde hace más de un lustro.
Por la ausencia de datos y registros oficiales sobre desplazamiento forzado interno, para esta sección se utilizan reportes, oficios e investigaciones. En este sentido, se advierte que en Guanajuato se han atestiguado situaciones de violencia y la comisión de diversos delitos de alto impacto, particularmente visibles en los municipios de León, Celaya, Irapuato y Salamanca, señala el estudio”.
“En el documento”, advirtieron que “la violencia se ha acrecentado particularmente a partir de 2017, debido a los enfrentamientos y pugnas entre grupos criminales antagónicos.
El principal motivo de disputa han sido por las rutas o puntos de trasiego de drogas, así como el mercado ilícito de venta de hidrocarburo o ‘huachicoleo’. Otros delitos asociados son el secuestro, desapariciones, tortura, el cobro de piso a comerciantes y comuneros y diversas formas de intimidación”, indica el estudio.
“Admitieron que a nivel nacional tampoco se cuenta con datos estadísticos oficiales sobre desplazamiento forzado interno. Se han desarrollado aproximaciones que miden factores relacionados con estos procesos, como es el caso de la migración interna por violencia o inseguridad”.
Siguen los datos duros “De 2015 a 2020, unas 6 mil 515 personas se han desplazado de forma interna en Guanajuato. Crédito: Serapaz. Según el Censo de Población y Vivienda 2020, para el periodo 2015-2020 dejaron su lugar de residencia y se desplazaron al interior de Guanajuato o a otra entidad un total de 6 mil 515 personas, mientras que 5 mil 371 llegaron procedentes de otra entidad o se movieron a otro municipio por esta razón.
Sin embargo, dichas estimaciones no miden directamente los desplazamientos forzados, por lo que se considera la necesidad de ‘desarrollar registros e instrumentos de medición específica para conocer en todas sus vertientes la magnitud de los eventos o situaciones de desplazamiento en Guanajuato’, además de contar con ‘un marco normativo específico o instituciones que atiendan este fenómeno de manera integral y expresa”.
Como consecuencia de este reportaje-denuncia de Zona Franca, el gobernador de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo manifestó que está abierto para dialogar con el gremio periodístico luego de los desplazamientos que se han registrado en los últimos años y agrega burocrático, sólo es cuestión de agenda. CONTINUARÁ.
Periodista y escritor; presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org, y el portal irradia noticias.com
