Avanza el procedimiento legislativo hacia la inminente aprobación de la reforma judicial y hoy inició a las 12:01 el paro de labores, indefinido en las sedes del Poder Judicial de la Federación.
El pasado viernes 16 de agosto, circuló el proyecto de dictamen y decreto que será discutido por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados dentro de un par de semanas.
Tiene unos cien cambios hechos a la iniciativa originalmente enviada por AMLO el 5 de febrero pasado. No la endurecen ni la suavizan, más bien la clarifican y fechan la elección popular de ministros, jueces y magistrados.
Los actuales once ministros de la Corte al parecer, si esta reforma avanza, tendrán que empezar a hacer maletas pues serán sustituidos por los que la ciudadanía elija en comicios extraordinarios a realizarse el primer domingo de junio de 2025, esto es, en aproximadamente diez meses.
Para completar el período de quince años vigente para el que se les designó vía ternas propuestas por el Poder Ejecutivo y de las que el Senado eligió a una o uno por mayoría calificada, a la actual ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández y al ministro Javier Laynez les faltarán cinco años a cada uno; al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, ocho; a las ministras Margarita Ríos Farjart y Yasmín Esquivel, nueve años, respectivamente; a la ministra Loreta Ortiz, diez; a la ministra Lenia Batres, catorce; a los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán, tres años a cada uno; y al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, dos.
Al ministro Luis María Aguilar ya no le tocaría la sustitución por la vía de las urnas pues su período constitucional se cumple en diciembre próximo.
Entre las propuestas, cabe recordar que se propone que el pleno de la Corte se reduzca de once a nueve ministros y los asuntos deberán aprobarse con el voto de seis. El período de los ministros se reducirá de quince a once años. Quienes vayan a las urnas serán propuestos de manera paritaria por el Ejecutivo (10), el Senado (5), la Cámara de Diputados (5) y el Poder Judicial (10) tras ser valorados por un Comité de Evaluación creado exprofeso. No ganarán más que el Presidente y ya no tendrán pensión vitalicia extraordinaria.
Los ministros ya no elegirán a quien los presida puesto que será, por dos años, aquel o aquella que haya tenido más votos entre los electos. Le seguirá el próximo bienio el segundo en tener más sufragios y así, sucesivamente, en orden descendente. Se eliminarán las dos salas que actualmente operan y todos los asuntos se resolverán en el pleno.
Con la nueva integración de la Corte, se extinguiría el Consejo de la Judicatura Federal creado con la reforma de Ernesto Zedillo en 1994 y en su lugar se crearían dos nuevas instancias: un órgano de administración judicial integrado por tres personas que durarán seis años en sus puestos y que serían designados uno por el presidente, otro mediante mayoría calificada del Senado y uno más por la Corte con seis de los nueve votos del pleno; y un Tribunal de disciplina Judicial integrado por cinco miembros electos mediante voto ciudadano en los comicios de junio el año próximo.
En esa elección extraordinaria también se elegirá a la mitad de los mil 700 jueces y magistrados y las dos vacantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y todas sus salas regionales.
Los actuales magistrados electorales permanecerán en el cargo hasta 2027.
Y es que, para ese año, en la fecha de la elección federal intermedia, se realizará una segunda votación para elegir a los magistrados electorales y la otra mitad de los mil 700 jueces y magistrados. En estos casos, si son muchos los aspirantes al mismo cargo, se seleccionará vía insaculación o tómbola; adiós a la carrera judicial y a la profesionalización que es garantía jurisdiccional pero también garantía de la reivindicación de los derechos de los justiciables.
¿Qué es más dañino en lo inmediato para la estabilidad del país, el ya casi inevitable rediseño o mal llamada reforma al Poder Judicial de la Federación o el que, para evitarlo o por lo menos suavizarlo, magistrados y jueces vayan a un paro indefinido a partir del primer minuto del miércoles 21 de agosto próximo.
Ir al paro -lo que se decidirá en la votación, que fue convocado por la generalidad de la base trabajadora del PJ y por parte de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito-, ciertamente retardará por un tiempo las tareas jurisdiccionales (pese a las guardias regulares que determinaría el Consejo de la Judicatura para atender los “asuntos urgentes”), pero más allá de ello, lo que el grueso de la población no advierte y quienes sin conocer a fondo lo que hacen los trabajadores judiciales en todos sus niveles, se concretan únicamente a decir: “que se vayan! Que ahora haya votación para elegir nuevos” no se dan cuenta que el daño será grave e irreversible, no es por resistencia la cambio, sino porque el nivel de preparación de los nuevos juzgadores dejara mucho que desear conforme a las reglas que indica la reforma y no habrá ya más formación judicial; pero ya se enterarán cuando acudan a solicitar la protección de la justicia Federal, a través de un amparo y no se los concedan o sea deficiente, ya se enterarán cuando ante los juzgados locales y en ejercicio de su derecho de acceso a la justicia, soliciten la guarda y custodia de sus hijos, o pretendan defender su patrimonio, o más, aún su libertad, cuando se exija un alto nivel de profesionalización; pero, todo lo anterior, ya no existirá, porque esa reforma que se pretende no solamente para los tribunales federales, también lo será para los locales, y tristemente estos tribunales locales encabezados por sus respectivos presidentes, ha habido algunos, que están llevando a sus integrantes como corderos al matadero, sin el mínimo de interés en revisar cuál es la trascendencia de una reforma de este calado, simplemente buscando salvar su propia situación personal y profesional.
Hoy, empieza una lucha de la que no sabemos su desenlace, pero que con desaliento al parecer es imposible desmontar de su contenido político.
Nos queda claro que las mayorías absolutas las ganaron Morena y aliados en las urnas, pero las calificadas que están por están por definirse conforme a una interpretación legal, también definirán el rumbo de esta pretendida reforma y del país mismo.
En ese contexto, la Legislatura saliente ha dejado listos los proyectos dictámenes correspondientes de iniciativas de ley, para que la naciente los apruebe, los lleve al pleno y eventualmente los apruebe por mayoría calificada.
Ante ese panorama, lamentablemente empezamos a ver lo que es una crisis constitucional.
Los foros organizados por el partido hegemónico, fueron una simulación quien diga lo contrario, francamente quiere forzarse a ver una película diferente, ante lo evidente.
En el fondo, la pregunta sigue siendo que ¿Los togados deberán sus cargos a quienes los propongan y apoyen en la elección? ¿Realmente funcionarán los mecanismos disciplinarios que lo eviten? ¿Cómo se garantizará que serán electos los más capaces? ¿Los actuales mecanismos no comprometen también a los designados con las personas que los propusieron y apoyaron? Y sobre todo: ¿los principios constitucionales consagrados en el artículo 17 realmente serán honrados con esta reforma?
Empezamos una semana llena de desafíos sociales, políticos que pueden volverse económicos y probablemente de crisis constitucional…. Ojalá que no sea así …
Les dejo mi comentario, para su reflexión.
