- Por lo menos 4 adolescentes están desaparecidos; se desconoce su paradero.
- La CDHEM ha tramitado 13 amparos para lograr localizar y entrevistar al mismo número de adolescentes trasladados «por castigo» a un centro privado religioso de rehabilitación.
El 23 de febrero la Comisión Nacional de Derechos Humanos tuvo conocimiento al recorrer las instalaciones del Centro Estatal de Desarrollo Integral de la Familia, CEDIF Temixco, después de más de dos horas de impedimento y sin poder ver a los adolescentes, del traslado “por castigo” de 13 adolescentes al centro para adicciones SIANI (Sistema Integral para Adicciones Nueva Integración) de Jiutepec. Hasta el momento no se ha podido tener contacto con ellos.
En entrevista con IRRADIA NOTICIAS, el presidente de la CDHEM, Raúl Israel Hernández Cruz, informó que la institución a su cargo ha presentado 13 amparos para localizar a los jóvenes trasladados; de un pase de lista se detectaron 7 y de 4 no se conoce su paradero. Se les tiene identificados con nombres y apellidos; la Comisión está promoviendo por todos para lograr las entrevistas y conocer el trato al que han sido sometidos.
Otras personas, internadas en el SIANI, informaron a los visitadores de la CNDH que estaban internados contra su voluntad y que son sujetos a medidas inhumanas.
De las primeras indagatorias se desprende que el Centro SIANI no se encuentra avalado por la CONADIC (Comisión Nacional Contra las Adicciones) y el CECA (Consejo Estatal Contra las Adicciones de Morelos) además de tener un perfil religioso.
El Ombudsperson detalló que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos ha sido impedida de realizar las diligencias, junto con la CNDH y el Mecanismo Especial para la Prevención de la Tortura, en el Centro Estatal de Desarrollo Integral de la Familia, CEDIF Temixco, bajo el argumento que esa autoridad tiene sus propias pruebas y que no es un centro de privación de libertad. Ante estos hechos la propia oficina en México de la Organización de Naciones Unidas ha emitido un pronunciamiento al impedir la tarea de los visitadores.
Se recurrió a la vía judicial federal porque las acciones, las medidas de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos no son vinculantes; la resolución de un Juez les permitirá proceder.
Raúl Israel asegura que los juzgados federales son muy cautos en sus actuaciones; en el análisis del Ombudsperson se debe resolver de inmediato.
