• Impunidad y elecciones
El «derecho de piso» es la práctica de extorsionar dinero a los negocios por parte de organizaciones criminales y trae como consecuencia inmediata la quiebra y el cierre de las fuentes de trabajo, tiene un “efecto dominó” que es el desempleo y la afectación no es propia de zonas urbanas, sino que la delincuencia organizada también tiene asolada a comunidades rurales dedicadas a la agricultura e incluso a profesionistas.
Los delincuentes se presentan directamente en los establecimientos, empresas o con los productores del campo, para exigir cantidades periódicas de dinero, -la llamadas cuotas-, con el propósito de garantizar la integridad física de la víctima y del mismo establecimiento y esto es prácticamente un secuestro de por vida al negocio y a la familia del propietario.
“Derecho de piso” desalienta la inversión y el desarrollo económico en las empresas y los comercios que se ven obligados a destinar una parte significativa de sus ganancias para pagar a los grupos criminales limitando su capacidad de crecimiento y competitividad.
Las consecuencias sociales del “derecho de piso”, tienen también de inmediato un impacto económico negativo en los negocios, especialmente en las pequeñas y medianas empresas -no olvidar a los profesionistas- que no pueden permitirse pagar la extorsión, y debe de entenderse que el “pago de cuotas” no es una obligación del propietario del negocio pues a todas luces es un acto delictivo y se encuentra tipificado en el Artículo 390 del Código Penal Federal, en el Libro Segundo, Título Vigesimosegundo, que habla sobre Delitos en contra de las Personas en su Patrimonio, y menciona que:
“Al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le aplicarán de dos a ocho años de prisión y de cuarenta a ciento sesenta días multa”.
Aunque se han hecho diversas reformas a ese Artículo en mención, las mismas autoridades han reconocido que no existen, ni son suficientes, los mecanismos en la legislación, para hacer frente a la evolución de este fenómeno, ya que son varias las formas de extorsión y algunas de ellas son el engaño telefónico, las amenazas telefónicas y el derecho de piso.
Además, en últimas fechas, este ilícito se ha diversificado y ha escalado a niveles superiores en la organización criminal al involucrar tecnología, capital financiero y estructuras definidas que le permiten operar en un mercado y territorio especifico, logrando grandes beneficios económicos.
El “derecho de piso” como un acto de extorsión, no solo tiene consecuencias sociales y económicas, -no se pueden evadir las políticas-, pues pone al descubierto y en evidencia la falta de capacidad de respuesta de parte de las autoridades que, al no tener controlado este problema, permiten su perpetuidad y debilitan la confianza de la ciudadanía en esas instituciones encargadas de la seguridad y la justicia.
Esta práctica ilegal se alimenta de la desigualdad social y de la falta de oportunidades económicas. Los grupos criminales suelen aprovecharse de las personas más vulnerables, especialmente aquellas que se encuentran en situaciones de pobreza y marginación, cosa que perpetúa la exclusión social y dificulta la movilidad financiera.
Y aunque ya se mencionó, es válido reiterar que el hecho de que los grupos criminales sean capaces de imponer su propia ley y obligar al pago de un «derecho de piso» evidencia la incapacidad de las autoridades para proteger a sus ciudadanos y garantizar la seguridad, debilita la legitimidad del gobierno y genera un sentimiento de impunidad entre los delincuentes.
Y hablando de impunidad, ahora que se vienen las elecciones federales más grandes de la historia de México; un proceso electoral donde serán más de 20 mil cargos a suplir, incluida la cereza del pastel que es la Presidencia, esta impunidad en el “derecho de piso”, obliga a preguntar en este contexto del arranque de precampañas electorales y temporada del exceso de ocurrencias, oportunismos y promesas que no empobrecen, ¿qué precandidata o precandidato, se atreverá a mencionar que en su plan de trabajo está el resolver este fenómeno social que atañe y está presente en los municipios, en los estados, en las rancherías, en comunidades alejadas y en varias profesiones, ¡vamos! el “derecho de piso” se practica en todo el país y en su promesa de campaña, se comprometa a que en el desarrollo de su administración, demostrará que es posible erradicar ese mal y que recuperará la confianza de la población que hoy vive en la incertidumbre laboral, la extorsión y en la inseguridad por la sombra y el acecho de ese fenómeno delincuencial?
Eliminar el “derecho de piso» exige un enfoque integral que involucre el fortalecimiento de las instituciones impartidoras de justicia, la colaboración entre autoridades, asegurar y dar apoyo a los afectados, y desde luego, -aunque con mucha desconfianza por delante-, la participación ciudadana.
Para las y los precandidatos de los 20 mil cargos a suplir en México, incluida la presidencia, ahí está un eslabón más en su cadena de promesas que no empobrecen, pero dan credibilidad en la obtención de un voto de confianza camino al 2024.
