El Fiscal Anticorrupción de Morelos, Leonel Díaz Rogel, ha sido denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por encabezar presuntamente una red de corrupción, junto con su hijo Leonel Díaz Grajales, dedicada a cobrar «moches» de hasta el 25 por ciento a víctimas de delitos que recibían pagos por reparación del daño.
De acuerdo con la información publicada por el diario Reforma este lunes 16 de abril, en la denuncia presentada por Eva Penélope Picazo Hernández, Comisionada Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas de Morelos, se señala como el Fiscal operaba en colusión con su hijo, Leonel Díaz Grajales, utilizando información privilegiada y tráfico de influencias para despojar a los afectados de recursos provenientes de fondos federales.
La trama de corrupción habría comenzado a gestarse en 2024, cuando Días Grajales fue contratado en la Comisión de Víctimas, donde tuvo acceso directo a expedientes, bases de datos y procesos de reparación integral. Tras su salida de la institución, utilizó dicha información para representar legalmente a un grupo de víctimas, orientando sus casos para asegurar la obtención de recursos del fondo federal, mediante contratos privados, con los que el hijo del Fiscal pactaba honorarios que alcanzaban la cuarta parte del monto total obtenido por concepto de reparación.
La comisionada Picazo Hernández informó que, de manera paralela, la Fiscalía Anticorrupción —dirigida por Díaz Rogel desde mayo de 2025— comenzó a solicitar información confidencial sobre los expedientes específicos que su propio hijo representaba.
«Estas conductas podrían constituir delitos como peculado, tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones, así como actos de intimidación y extorsión institucional», señala la denuncia.
Esta dinámica habría generado un contexto de presión institucional sobre la Comisión encargada de administrar los recursos, favoreciendo de manera desigual ciertos expedientes y alterando el orden de atención a las víctimas.
Debido a que los recursos involucrados provienen del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y del Fondo de Reparación Integral, ambos de naturaleza federal, la denuncia exige la intervención inmediata de la FGR.
La funcionaria estatal solicitó formalmente:
- La apertura de una carpeta de investigación.
- Diligencias para esclarecer el destino del dinero.
- Medidas de protección a su favor, ante las posibles represalias derivadas de la denuncia contra el titular de la Fiscalía Anticorrupción.
