Hay momentos en la vida pública en que el poder deja de incomodarse por la crítica y comienza a irritarse por la supervisión.
Eso parece estar ocurriendo con la decisión de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que revise si las reformas impulsadas por la mayoría legislativa se ajustan a los estándares del Organización de los Estados Americanos y al Pacto de San José.
La reacción airada del oficialismo no es menor: cuando un gobierno se siente cuestionado fuera de sus fronteras, suele invocar soberanía. Pero la soberanía no es una patente de corso; es un compromiso.
México aceptó desde 1980 la jurisdicción de la Corte. No es una intromisión extranjera: es un mecanismo al que el propio Estado se sometió voluntariamente tras casos gravísimos como los de Radilla, Fernández Ortega y Rosendo Cantú. Pedir supervisión no es traición; es coherencia jurídica.
El debate de fondo no es si Germán Martínez tiene razón o si exagera. El punto neurálgico es otro: ¿puede una reforma judicial que incorpora sorteos y mecanismos políticos garantizar jueces independientes, competentes e imparciales? Si la respuesta es sí, no debería temerse una revisión internacional. Si la respuesta es no, el problema no es la Corte: es la reforma.
Cuando desde el propio bloque oficialista se presume que “ya se tiene todo”, incluidos órganos electorales y tribunales, la frase no suena a fortaleza institucional, sino a concentración de poder. Y la concentración, en democracia, nunca es buena noticia.
En paralelo, la crítica a la gestión capitalina retrata otra dimensión del mismo fenómeno: la narrativa por encima de la realidad. Si la ciudad se percibe colapsada en servicios básicos, si hay dudas sobre transparencia en temas de seguridad o salud, no basta con controlar el discurso. La gobernabilidad no se sostiene con pactos de silencio, sino con resultados verificables.
Lo mismo ocurre en el tema del sarampión.
Minimizar cifras o atribuir responsabilidades generacionales puede servir para el aplauso momentáneo en redes, pero se estrella contra los datos duros cuando especialistas recuerdan que los más afectados son niños pequeños. En salud pública, el autoengaño cuesta vidas.
Todo esto converge en una pregunta incómoda: ¿qué tanto estamos dispuestos a tolerar que el poder concentre decisiones, controle narrativas y descalifique contrapesos, siempre bajo la promesa de eficacia?
La democracia no muere de golpe; se desgasta cuando la crítica se interpreta como traición, cuando la supervisión se ve como agresión y cuando los datos se subordinan al relato.
La gran reflexión es esta: un gobierno verdaderamente fuerte no es el que lo controla todo, sino el que acepta límites. La supervisión internacional, la crítica interna, la prensa incómoda y la estadística adversa no son enemigos del Estado; son sus espejos. Y romper el espejo no corrige la imagen.
Solo deja al poder contemplándose a sí mismo, sin darse cuenta de que la realidad sigue ahí, intacta y cada vez más exigente.
