Andrés Manuel López Obrador asumió la titularidad del Poder Ejecutivo federal el 1 de diciembre de 2018. Durante la campaña preelectoral prometió eliminar la violencia mediante programas sociales tendientes a atacar sus causas y no mediante la acción gubernamental coercitiva. Indicó que la estrategia se fundamentaría en “los abrazos y no balazos”.
Sin embargo, los mexicanos no percibimos ninguna disminución del flagelo y, por el contrario, sí la acción cada día más intensa de los grupos criminales. Los mexicanos acabamos de ver lo ocurrido (a través de la televisión nacional e infinidad de vídeos difundidos por usuarios en redes sociales), el pasado 27 de febrero en San José de Gracia, Michoacán. Esa fue otra de muchas masacres ocurridas durante la actual administración.
Desde mi modesto punto de vista, a todas luces se trata de retos de conocidas organizaciones criminales al gobierno federal, es decir al mismísimo presidente de la República.
A pesar de la gigantesca cantidad de dinero destinada supuestamente por el gobierno a combatir la inseguridad, sobre todo a las fuerzas armadas, ésta avanza erosionando todavía más la figura presidencial. La actual administración aparece cada día más débil ante los criminales diseminados a lo largo y ancho de México. Ellos, los enemigos de la sociedad, controlan diversas entidades como si se tratara de mercados regionales. Y es precisamente el Cártel Jalisco Nueva Generación el que avanza de manera notable. El CJNG estuvo detrás de la masacre en San José de Gracia, Michoacán.
¿Cuál es la causa por la cual las bandas de la delincuencia organizada mantienen su implacable marcha? Según infiero, es y será un asunto de nunca acabar.
DISPERSIÓN GEOGRÁFICA DE LA VIOLENCIA
La principal consecuencia de la dispersión geográfica de la violencia es que el combate a la delincuencia organizada se convirtió, fundamentalmente, en un problema de estados y municipios; esto muy a pesar del respaldo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina Armada, cuyos operativos conjuntos con policías estatales y locales son exiguos. No garantizan la paz orgánica de las entidades. No tienen la capacidad para desplegarse y desempeñar actividades de seguridad pública en todo el territorio nacional.
Siempre he cuestionado la ineficacia de esos operativos “coordinados”. Los recursos humanos y la capacidad de las fuerzas federales son limitados, y más reducidos serán en tanto dediquen gran parte de esos mismos recursos a manejar instituciones públicas, otrora operadas por civiles. Diariamente se percibe la acción, cada vez más frecuente, de pequeñas células delictivas, sumamente elusivas, bien coordinadas, con alto poder de fuego y arraigo en las localidades. Evaden fácilmente los retenes de fuerzas federales.
Las pequeñas organizaciones que generan violencia en un gran número de localidades del país dejaron de ser objetivos del gobierno federal. Las fuerzas armadas se concentraron solo en perseguir a las organizaciones mayores, que son las únicas que individualmente pueden representar una amenaza a la seguridad nacional, aunque colectivamente el gran número de pequeñas organizaciones representa también un desafío formidable a la seguridad pública del país.
Sobre López Obrador prevalece otra consecuencia de la dispersión geográfica de la violencia. La fragmentación de los cárteles no se detuvo en la cúpula, entre los grandes capos. Los cárteles siguen dividiéndose en organizaciones cada vez más pequeñas, muchas de ellas sin capacidad para seguir participando en el mercado internacional de drogas, pero sí en otras actividades ilegales. Delitos como la extorsión, el secuestro, el robo de vehículos y los atracos con violencia derivan de lo anterior.
En todas las localidades en que la delincuencia organizada encontró condiciones propicias para asentarse (zonas urbanas con gobiernos locales débiles, redes de crimen menor y zonas de cultivos ilícitos), y en los que ya no hay predominio de un solo cártel, las organizaciones pequeñas siguen disputándose el control de una gran variedad de negocios ilícitos. Vean lo que ha ocurrido en Michoacán respecto a la producción de aguacate y limones.
La debilidad o atrofia institucional no se ha superado, mucho menos con aquello de “abrazos y no balazos”.
