De nueva cuenta, el nombre de Cuauhtémoc Blanco Bravo figura hoy en buena parte de los medios de comunicación nacionales y deportivos. Ya no por las piñatas emulando al personaje, sino por las contradictorias declaraciones sobre el inicio formal del proceso de desafuero en su contra, a fin de que pudiera ser juzgado en tribunales por la presunta comisión del delito de violación en grado de tentativa.
Incluidos medios de comunicación afines a la cuarta trasformación, y ya no se diga los independientes, dan cuenta del inicio del plazo de treinta días para que tanto la Fiscalía General de Justicia de Morelos y la defensa del hoy diputado federal presenten pruebas ante la sección instructora de la Cámara de Diputados, contados a partir de la notificación, cuya responsabilidad para efectuarla recae en el presidente de esta misma Comisión Jurisdiccional, Hugo Éric Flores Cervantes, cuyo plazo de tres días venció el día de ayer, conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
En algunos medios se puede leer como una confirmación del proceso, por parte del vicepresidente de la Comisión, el diputado oaxaqueño, de la bancada Verde, Raúl Bolaños Cacho Cué. En otros, como el desmentido, por parte del también morenista, FloresCervantes, de que se haya frenado dicho proceso.
Al decir de Bolaños Cacho, no está a discusión si se admite o no la denuncia, sino que la ley de responsabilidades establece que los plazos comienzan a correr desde que el presidente de la sección instructora pone en conocimiento de la solicitud a sus miembros, hecho ocurrido, el jueves pasado.
Raúl Bolaños, además, comentó que ya debió haberse efectuado la notificación al exgobernador de Morelos, y la Comisión tendrá sesenta días naturales para evaluar si existen indicios de culpabilidad que sustenten el subir el dictamen al pleno de la Cámaraen el sentido de retirar el fuero constitucional. Subrayó que se está respetando el debido proceso, la secrecía y que el asunto sea analizado con perspectiva de género. Esto último significaría que, al menos desde la perspectiva de la teoría jurídica, las posibilidades de que fuera desaforado Blanco Bravo son reales, aunque la decisión final correspondería al pleno de la Cámara.
Luego de estas declaraciones, Hugo Éric Flores tendrá que aclarar, hoy mismo, la aparente contradicción, puesto que, aunque afirmó que no se está dando ninguna protección a Blanco Bravo, también sostuvo que el proceso en su contra no ha sido formalmente admitidotodavía, lo que choca con los argumentos de su homólogo, Bolaños Cacho Cué.
Estos mismos diputados han sostenido que, de no cuidarse los procesos y procedimientos,el caso podría caerse. Resulta evidente, entonces, lo fundamental de esclarecer este asunto, para que, como lo sostiene la diputada morelense, Meggie Salgado Ponce, se haga lo correcto, actuando con justicia y se siente un precedente en la Cámara, aplicando la perspectiva de género.
Y PARA INICIADOS:
La crisis financiera de Puente de Ixtla, producto de una deuda en laudos superior a su presupuesto anual, pone en riesgo a la presidenta, Claudia Mazari Torres. Deben, por sentencias del TECA 115 millones y por las del TJA, 211 millones más. Según la presidenta, han hecho frente al problema aplicando medidas de austeridad y firmando convenios de pago. Han disminuido el déficit, pero el problema tardará años en solucionarse. Lo cierto es que durante su primer periodo de gobierno no lo pudo solucionar y en este, su segundo periodo al frente del Ayuntamiento, no se ven posibilidades para lograrlo, corriendo el riesgo hasta de ser destituida del cargo, a menos que su administración sea rescatada por las autoridades estatales. Por eso, la hemos visto muy seguido en Palacio de Gobierno.
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