La nueva crisis de la basura en Cuernavaca tiene claros antecedentes y responsables bien identificados. Los antecedentes son tanto históricos como socioculturales, sin dejar de contar con los elementos típicos de la corrupción y el patrimonialismo. Pero más allá de las personas o los partidos la responsabilidad es institucional.
La decisión de la jueza del Quinto Distrito, Martha Eugenia Magaña López, fue solamente la gota que derramó el vaso, misma que era cuestión de tiempo. Las repercusiones financieras, políticas y de imagen para el gobierno municipal son severas, claro. Sin embargo, lo más grave es que afectará en mayor medida a la sociedad cuernavaquense.
Nada más imagine usted que, de acuerdo con los datos del Centro de Investigaciones en Biodiversidad de la UAEM, en la capital de Morelos se producen en promedio unas 500 toneladas diarias de desechos sólidos que se estarán acumulando en los próximos días hasta que el problema sea resuelto. Se estima que aun cuando los servicios de recolección de basura estén funcionando con normalidad, alrededor del 30% de los desechos van a parar a las calles, coladeras, afluentes de ríos y, como bien los sabemos, a las barrancas. O sea, más de 130 toneladas diarias.
La forma más fácil, digamos simplista, de explicar el problema y achacar culpas con intenciones de golpear políticamente a la actual administración es espetar que la culpa es de los panistas, por haber otorgado en su momento una concesión por un periodo de 20 años a la empresa Promotora Ambiental S.A. de C.V., conocida como PASA. Pero esa visión es sólo una parte del cúmulo de responsabilidades institucionales.
Por un lado, el desdén de las autoridades por impulsar campañas masivas de concientización sobre el tratamiento adecuado de la basura, la separación de residuos, al menos entre orgánicos e inorgánicos, la cultura del reciclaje y demás, hace que se sigan arrastrando costos muy elevados en la recolección, y que haya quienes han aprovechado estas deficiencias para hacer negocios personales.
Por otro lado, las contralorías y áreas jurídicas del ayuntamiento han quedado, con este y otros casos, en el ridículo. Sin que hasta la fecha, después de los gobiernos de Manuel Martínez Garrigós, Jorge Morales Barud y Cuauhtémoc Blanco Bravo, hayan podido destinar los recursos para finiquitar el pleito, ni lograr un acuerdo con la empresa y menos ganar la demanda, lo que sí sucedió es que se acumularon diez millones de pesos de puros intereses.
Pusieron a la administración de Urióstegui contra las cuerdas, por un adeudo acumulado al paso de los años de 37 millones de pesos, cuando el pago mensual por el servicio es de alrededor de 20 millones. ¡Qué abogados tan brillantes y previsores hemos tenido representando nuestros intereses como ciudadanos en la comuna capitalina! ¿No cree usted?
Por supuesto, como lo mostró ayer el presidente municipal, José Luis Urióstegui Salgado, encontrar una solución, tanto en lo económico como en lo operativo, es una prioridad para el actual gobierno. Al final de cuentas es un asunto de intereses económicos que, para decirlo coloquialmente, se lleva entre las patas a los habitantes de Cuernavaca y, lamentablemente, luego, luego, salen los mezquinos que lo utilizan para golpear, por puro interés ideológico y partidario.
Y para iniciados
Como nunca, en los años que lleva la actual administración estatal, radio pasillo, los que se dicen muy enterados, otros nada más chismosos de oficio y los que sí saben, pero sueltan a cuentagotas, dan casi por hecho que los relevos en el equipo cercano de Cuauhtémoc Blanco están a la vuelta de la esquina, comenzando por Pablo Ojeda Cárdenas, de quien dicen ya está muy a disgusto, y el vicealmirante Ortiz Guarneros, que nomás no ha regresado de vacaciones y especulan tiene problemas de salud. Como dijo Cleodomira la ciega, habrá que ver.
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