Con el trabajo coordinado entre las diferentes instancias de Gobierno, el Ayuntamiento de Jojutla y Colectivos de Víctimas, en un acto de justicia social, en próximos días iniciarán los trabajos de exhumación y traslado de los restos humanos que se encuentran en las tumbas particulares del panteón ministerial de Jojutla, para que en compañía de sus familiares sean debidamente inhumados.
Lo anterior, como parte de la reunión sostenida entre funcionarios del Ayuntamiento de Jojutla, representado por la Síndico Bertha Gómez Ocampo, en funciones de presidente municipal y la Regidora Alicia Guadalupe Rebollo Hurtado; el Gobierno del Estado junto a Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Karla Quintana Osuna, Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas; Carlos Alberto Brito Ocampo, Titular de la Representación de la SEGOB del Gobierno de México en Morelos y con el acompañamiento de la CNDH, con los Colectivos de Víctimas, para informarles el estado que guarda el tema de las fosas de Jojutla y dar continuidad a los trabajos pendientes.
Con la asistencia también del Ayuntamiento de Jojutla y la Fiscalía General del Estado (FGE), se acordó que en próximos días iniciarán los trabajos de exhumación y traslado de los restos humanos que se encuentran en las tumbas particulares del panteón municipal de Jojutla, para que en compañía de sus familiares sean debidamente inhumados.
Por parte del Ayuntamiento de Jojutla se han realizando los procedimientos necesarios con apoyo del Gobierno del Estado y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), para llevar a cabo esta tarea.
Asimismo, el próximo 20 de mayo la Fiscalía General del Estado informará los procedimientos, fechas y recursos necesarios para empezar los trabajos de inhumación de los cuerpos que se encuentran en el Servicio Médico Forense del Estado de Morelos (SEMEFO).
El Ayuntamiento de Jojutla reitera su disposición para apoyar en el ámbito de su competencia para garantizar a las víctimas el derecho de acceso a la justicia.
