El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Francisco Sánchez Zavala, declaró este miércoles que “en breve” el grupo de los 12 (G-12) le devolverá a las y los ocho diputados del denominado G-8 las comisiones legislativas que detentaban y también la presidencia de la Junta Política y de Gobierno a la morenista Paola Cruz Torres. Habremos de ver qué espacios fueron cedidos o aceptados por ambos bandos y después comentaremos. Sin embargo, es necesario hacer la siguiente pregunta: ¿Qué ganó el Congreso con varios meses de parálisis legislativa y frecuentes conflictos, inclusive litigados en tribunales? El respetable público responde fácilmente: NADA.
Dos fueron los temas aparentemente causantes del divisionismo aún latente en el Congreso: la designación del nuevo titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), politizada y partidizada desde hace décadas en el citado órgano colegiado; y desde luego la falta de aprobación del Paquete Económico 2022, turnado en tiempo y forma el año pasado por el jefe del Ejecutivo estatal, Cuauhtémoc Blanco Bravo. Al transcurrir el tiempo vino un alud de acusaciones, insultos y epítetos, que solo exhibieron el protagonismo de ciertos diputados, la impericia política de otros, y el ansia de algunos más por ganar propaganda de manera gratuita. Como siempre, quienes pagaron los platos rotos fueron miles de electores que, mediante su voto, confiaron en los diputados para ser sus representantes. Hasta ahora, los sellos del Congreso son la atrofia institucional y la representación fallida.
Aquí vale la pena hacer otra pregunta: ¿Por qué se pelean tan a menudo los políticos morelenses? Es una pregunta que escucho con gran frecuencia.
Analicemos, pues, las causas de la agresión entre quienes, de alguna forma u otra, participan en la vida pública local, básicamente en cuestiones inherentes a los poderes Ejecutivo y Legislativo y a los 36 ayuntamientos, aunque no descarto que los mismos sistemas de relaciones afecten al Poder Judicial.
Desde mi particular punto de vista, las frecuentes agresiones han contribuido al deterioro de la débil cohesión social de Morelos, impactando sobremanera en la competitividad del estado y su desarrollo económico.
Así, primero debemos responder al siguiente planteamiento: ¿Qué es la agresión?
Es un acto, comportamiento o acción de un individuo o de una colectividad, dirigido conscientemente a dañar, someter, disminuir, herir física o psíquicamente a otro individuo o colectividad de manera arbitraria o ilegítima desde el punto de vista de la víctima o del sistema social de la que forma parte. Puede ser simbólica o real; inmaterial o material. Su forma extrema en sentido material es la violencia.
Las agresiones varían según el grado de preparación y organización.
Se requiere la verificación de un determinado acontecimiento o la presencia de un factor psicológico, ecológico, informativo o estructural para originar la fase posterior. Si la secuencia se interrumpe en una de las fases preliminares, la agresión no ocurre.
Para continuar con este tema debo referirme al libro “Mexicanidad y esquizofrenia”, de Agustín Basave (Editorial Océano, México, 2010), donde leemos el excelente prólogo a cargo de Roger Bartra, antropólogo, sociólogo, escritor, ensayista y profesor emérito de la UNAM, quien pone el dedo en la llaga.
Escribió Bartra: “Hay quienes están convencidos de que el origen del atraso socioeconómico y político se encuentra en las instituciones, y que el remedio no puede ser otro que la modificación de los soportes legislativos, que adolecen de un vicio de origen: fueron diseñados para fundar un sistema autoritario que no se apoyaba en una legitimidad democrática”.
Y añade: “El problema aquí consiste en que, para modificar la estructura constitucional del país, es necesaria una racionalidad que no parece ser una de las peculiaridades de la clase política y las élites empresariales. Ciertamente, no hay mucho que nos permita confiar en que las élites políticas sufran un insólito ataque de racionalidad. Más probable es que, ante tensiones sociales o políticas, hagan de tripas corazón y acepten con cierta tolerancia ponerse de acuerdo para remendar un poco los segmentos más descosidos o gastados del tejido constitucional”.
Conclusión: la confrontación y no la coexistencia pacífica ha sido la constante durante los siete meses de la LV Legislatura. Dos o tres personajes, como auténticos fajadores (boxeadores), mantienen una posición presuntamente crítica, pero solo se trata de montajes teatrales para conseguir propaganda y hacerse notar. Insisto: son unos cuantos, frente a una gran pléyade de legisladores ansiosos, ellos sí, por cumplir con su representatividad y obligaciones constitucionales.
